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El Gobierno bonaerense autorizó una ampliación del 100% de una orden de compra por más de $3.6 millones a una única firma, duplicando el gasto original para mobiliario escolar. La medida, que eleva la inversión a más de 7.2 millones de pesos, genera interrogantes sobre la gestión de fondos públicos y la transparencia en las contrataciones estatales.
En un movimiento que levanta cejas en el siempre ríspido terreno de las contrataciones estatales, el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires acaba de aprobar una ampliación del 100% en una orden de compra clave para el equipamiento de escuelas. La Resolución N° 1196-SSAYRHDGCYE-2026, publicada hoy, duplica el monto original adjudicado a la firma CUDUGNELLO LUCAS SEBASTIÁN (CUIT 20-29867376-3) para la adquisición de materiales destinados a la fabricación de mobiliario escolar.
Originalmente, la Licitación Pública N° 2/25 había asignado $3.609.522,90 a esta empresa. Ahora, con la luz verde para la ampliación, se le suman otros $3.609.522,90, llevando el total de la operación a la friolera de $7.219.045,80. Este dinero está destinado a equipar establecimientos educativos bonaerenses, una necesidad innegable, pero la forma en que se gestiona genera interrogantes sobre la eficiencia del gasto público.
La decisión se ampara en la Ley N° 13.981, que faculta a la autoridad administrativa a ampliar contratos hasta en un cien por ciento. Sin embargo, lo que realmente genera controversia es el Artículo 2° de la Resolución, que establece que la gestión aprobada queda bajo la exclusiva responsabilidad del funcionario que la propicia, extendiéndose incluso a la razonabilidad de los precios a pagar. Una cláusula que, para muchos, podría interpretarse como una delegación excesiva de control.
Este tipo de ampliaciones, aunque legales, suelen encender las alarmas sobre la planificación inicial de las licitaciones. ¿Fue la necesidad subestimada o hubo una negociación posterior que derivó en esta duplicación? Los contribuyentes bonaerenses, quienes financian estos proyectos, tienen derecho a saber si estos más de 7 millones de pesos están siendo invertidos de la manera más transparente y conveniente. Para el ciudadano, es crucial estar informado sobre cómo se manejan los fondos públicos destinados a la educación.
