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La Vicejefatura de Gabinete prorrogó designaciones y realizó un nuevo nombramiento clave en Migraciones y Parques Nacionales. Lo polémico: varios funcionarios siguen en sus puestos a pesar de no cumplir los requisitos mínimos del SINEP. ¿Se prioriza la eficiencia o la flexibilidad en un contexto de reestructuración?
La Jefatura de Gabinete de Ministros, a través de su Vicejefatura del Interior, agitó el avispero con una serie de resoluciones que confirman la continuidad de funcionarios en puestos clave, algunos de ellos con el llamativo sello de "autorización excepcional por no reunir los requisitos mínimos establecidos en el artículo 14 del SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO (SINEP)".
En Migraciones, se prorrogó la designación de la traductora María Tornero (DNI N° 27.287.625) como Directora de Asuntos Internacionales, con Nivel A - Grado 0 y Función Ejecutiva Nivel II, a partir del 28 de noviembre de 2024. Similar situación vive Leonardo Oscar Ricci (DNI N° 27.947.579), quien continúa como Director de Contrataciones, Nivel B - Grado 0, Función Ejecutiva Nivel III, desde el 13 de noviembre de 2024. Ambos casos, con la mencionada excepción al SINEP.
Pero la lista no termina ahí. En la Administración de Parques Nacionales, se designó con carácter transitorio a Vicente de Jesús Parra (D.N.I. Nº 27.960.884) como Intendente del Parque Nacional Aconquija, Nivel C, Grado 0, Función Ejecutiva Nivel IV, a partir del 1º de noviembre de 2024, también con la misma salvedad respecto a los requisitos del SINEP. Estas designaciones son transitorias y deben cubrirse mediante procesos de selección en un plazo de 180 días hábiles.
Estas medidas, amparadas en el Decreto N° 958/24 que otorga facultades a los Vicejefes de Gabinete para efectuar y/o prorrogar designaciones transitorias, ponen de manifiesto la complejidad de la gestión de personal en el Estado y la necesidad, en ocasiones, de recurrir a excepciones para mantener la operatividad. Si bien se busca una continuidad en la administración, la recurrencia a estas excepciones genera interrogantes sobre la idoneidad de los perfiles y el cumplimiento de las normativas de empleo público.
Para el ciudadano común, esto puede interpretarse como una señal de que la meritocracia en el empleo público no siempre es la regla, o que la burocracia estatal es tan rígida que requiere atajos para funcionar. Es crucial que los procesos de selección prometidos se lleven a cabo para garantizar la transparencia y la calidad de los funcionarios.
