Recibe los análisis más provocadores del Boletín Oficial. No es una newsletter, es un manifiesto diario.
Nos tomamos en serio tu privacidad. No compartiremos tu información.
Una resolución provincial autoriza el pago de más de $87.000 a una empresa de mailing, admitiendo que la prestación se realizó "sin el pertinente amparo contractual". ¿Quién asume la responsabilidad por esta irregularidad?
El Instituto Provincial de Asociativismo y Cooperativismo (IPAYC) ha generado revuelo al autorizar el pago de PESOS OCHENTA Y SIETE MIL CIENTO VEINTE ($87.120,00) a la firma NUAGE SYSTEMS S.A. (CUIT 33-71423219-9) por el servicio de "Mailing con Emails adicionales". La polémica central reside en que la propia resolución reconoce que esta prestación fue realizada “sin el pertinente amparo contractual”. Esto significa que el servicio se brindó y se facturó sin un acuerdo formal previo, lo que en la administración pública es una grave irregularidad.
Para subsanar esta situación, el pago se efectúa bajo la figura de “legítimo abono”, un mecanismo excepcional que se utiliza para reconocer gastos cuando se ha recibido una prestación o un bien sin el debido procedimiento administrativo. Sin embargo, la resolución es tajante al dejar la responsabilidad de la oportunidad, conveniencia y razonabilidad del precio en manos de quienes certificaron el servicio y quienes "oportunamente motivaron el apartamiento del proceso contractual reglado".
Este tipo de medidas genera un fuerte debate sobre la transparencia y el cumplimiento de las normativas de contratación en el ámbito estatal. ¿Fue una emergencia? ¿Una negligencia? La falta de un contrato formal no solo abre la puerta a cuestionamientos sobre la legalidad, sino también sobre la eficiencia en el uso de los fondos públicos. Los ciudadanos y las empresas que compiten por contratos estatales con todas las de la ley, observan con recelo estas excepciones que, aunque legales en casos extremos, pueden interpretarse como un bypass a los controles habituales.
Este caso subraya la importancia de los procesos de licitación y contratación para garantizar la equidad y evitar favoritismos.