Recibe los análisis más provocadores del Boletín Oficial. No es una newsletter, es un manifiesto diario.
Nos tomamos en serio tu privacidad. No compartiremos tu información.
El Ministerio de Transporte bonaerense reafirma su poder sobre el registro de proveedores de tecnología para fotomultas y radares. ¿Se viene una ola de sanciones o una mejora real en la seguridad vial?
Agárrense fuerte los volantes, porque la Provincia de Buenos Aires no da tregua en la lucha (y la recaudación) contra las infracciones de tránsito. Dos disposiciones del Ministerio de Transporte, la N° 14 y N° 15, publicadas en el Boletín Oficial, no hacen más que reafirmar y detallar el marco legal que permite a la Subsecretaría de Política y Seguridad Vial controlar con mano de hierro el uso e instalación de cinemómetros y otros equipos de constatación de infracciones.
Estas medidas, que se basan en la Ley N° 13.927, buscan unificar criterios y pautas de prevención de la siniestralidad vial. Sin embargo, en la práctica, generan una preocupación constante entre los conductores por la escalada de multas y la ubicación estratégica de estos dispositivos, más allá de la prevención. La provincia se asegura el control total estatal sobre la circulación vehicular y, consecuentemente, sobre los bolsillos de los ciudadanos.
Más allá del discurso de "seguridad vial", estas disposiciones son un claro mensaje: los controles seguirán y se perfeccionarán. Es fundamental estar al tanto de las velocidades máximas y las normativas de tránsito para evitar sorpresas desagradables. La Provincia tiene la sartén por el mango en la fiscalización, y no parece dispuesta a aflojar.
