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El Instituto de Previsión Social bonaerense destapa dos casos impactantes: el reconocimiento de servicios sin paga con una deuda histórica y una jubilada intimada a devolver millones por haberes indebidos.
El Instituto de Previsión Social (IPS) de la Provincia de Buenos Aires no da tregua y pone la lupa sobre las cuentas pendientes, revelando dos situaciones que sacuden el sistema previsional. Por un lado, la Resolución N° 948.898 (art. 43454) aborda el reconocimiento de servicios para Liliana Emilia BRANDO.
Brando se desempeñó como Médico Concurrente "ad honorem" en el Hospital Interzonal General de Agudos “Dr. Oscar Allende” de Mar del Plata entre el 4 de diciembre de 1981 y el 2 de mayo de 1984. Un lapso de casi tres años de trabajo sin paga, que ahora el IPS reconoce como servicios insalubres. Sin embargo, este reconocimiento viene con una amarga sorpresa: se le exige el pago de un cargo deudor por aportes no efectuados durante ese período, que asciende a $33.386,03 por aportes personales diferenciales y otros $33.386,03 por contribuciones patronales. ¡Una deuda histórica que, aunque no contemple intereses, debe ser saldada en 10 días o enfrentará acciones judiciales!
Pero la verdadera bomba la trae la Resolución N° 34.324 (art. 43456), que declara legítimo un cargo deudor a CLOTILDE ELVIRA FARINA por una cifra escalofriante: $4.436.065,61. Este monto corresponde a haberes percibidos "sin derecho" entre el 30 de noviembre de 2017 y el 31 de mayo de 2025. Farina, quien había obtenido un beneficio por edad avanzada, ahora está siendo intimada a devolver millones de pesos. Su solicitud de reconvertir el beneficio en reconocimiento de servicios para hacerlos valer a nivel nacional queda supeditada al pago total de esta deuda.
El IPS, bajo la presidencia de Marina Moretti, no duda en habilitar la vía ejecutiva en caso de que no se pague o no se proponga una forma de pago en el perentorio plazo de 10 días. Estos casos, aunque particulares, ponen de manifiesto la rigurosidad del sistema previsional y la importancia de la correcta registración de aportes y beneficios. Para los ciudadanos, es un recordatorio crudo de que el Estado, tarde o temprano, pasa factura.
