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Un ex oficial de las Fuerzas Armadas, beneficiario de una pensión honorífica por Malvinas, deberá reintegrar más de 7 millones de pesos tras ser condenado a prisión perpetua por crímenes de lesa humanidad. El IPS revoca el beneficio y exige la devolución de haberes.
Un verdadero bombazo sacude los cimientos del Instituto de Previsión Social (IPS) de la Provincia de Buenos Aires. La Resolución N° 11.737, publicada recientemente, destapa una situación que genera indignación: Daniel Eduardo Robelo, quien fuera beneficiario de una Pensión Honorífica como ex combatiente de Malvinas, ahora se ve obligado a devolver una suma millonaria, ¡nada menos que $7.783.003,80! ¿El motivo? Su condena a prisión perpetua por crímenes de lesa humanidad en la tristemente célebre causa 'Base Naval III y IV'.
Robelo había recibido su pensión en 2011, un reconocimiento a su condición de ex Oficial de las Fuerzas Armadas. Sin embargo, el tiempo puso las cosas en su lugar. En 2018, la Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal confirmó su condena por delitos gravísimos como privación ilegal de la libertad agravada, imposición de tortura y homicidio agravado. ¡Un verdadero calvario judicial que dejó al descubierto su oscuro pasado!
El IPS, al detectar esta condena, actuó con contundencia. La ley 12.006, que rige estas pensiones, es clara: no pueden ser beneficiarios quienes estén procesados o condenados por delitos cometidos en el ejercicio de sus funciones. La caducidad del beneficio se retrotrae al 30 de agosto de 2012, fecha de su procesamiento.
Inicialmente, se había calculado una deuda de más de 10 millones de pesos, pero tras una rectificación, la suma final a devolver es de $7.783.003,80. Este monto corresponde a los haberes percibidos indebidamente desde el 30 de agosto de 2012 hasta el 31 de octubre de 2022.
'Será beneficiario... el personal en situación de retiro o baja, siempre que no se encuentren procesados o hayan sido condenados por delitos cometidos en el ejercicio de sus funciones...' - Ley N° 12.006
Ahora, Robelo tiene un plazo perentorio de 10 días para formular una propuesta de pago o saldar la deuda. De no hacerlo, el IPS no dudará en confeccionar el correspondiente Título Ejecutivo para iniciar el cobro por vía judicial.
Esta medida no solo busca recuperar fondos públicos, sino que también envía un mensaje claro sobre la importancia de la justicia y la memoria. Un beneficio honorífico no puede ser sostenido para quienes han sido hallados culpables de crímenes tan aberrantes. Es un recordatorio contundente de que la ley alcanza a todos, sin importar reconocimientos pasados.
Para los ciudadanos, esto significa una mayor transparencia y rendición de cuentas en el manejo de las pensiones y beneficios estatales. Es crucial estar atentos a estas resoluciones, que demuestran cómo el Estado busca corregir errores y asegurar la legitimidad de sus erogaciones. El IPS ha habilitado canales para propuestas o comprobantes de pago, facilitando el proceso para el deudor, pero con una postura firme ante el incumplimiento.
