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El Honorable Tribunal de Cuentas de la Provincia de Buenos Aires sacude la escena política local con una serie de fallos que van desde duras amonestaciones y cargos pecuniarios por millones, hasta la sorprendente anulación de responsabilidades previas. ¿Transparencia o borrón y cuenta nueva para funcionarios?
El Boletín Oficial de hoy destapa una olla a presión en la Provincia de Buenos Aires, con el Honorable Tribunal de Cuentas (H.T.C.) desgranando una catarata de resoluciones que ponen en jaque la gestión de varios municipios y organismos. La lupa del Tribunal no perdona, pero también genera interrogantes con decisiones contrapuestas.
En Necochea, el Ente Municipal de Servicios Urbanos y Rurales (EMSUR) ve aprobada su Rendición de Cuentas 2024, pero la Contadora Agustina LARRABURU y el Tesorero Alejandro Oscar CHIARLE no se salvan, recibiendo amonestaciones por "incumplimientos". Un llamado de atención que resuena en las arcas públicas.
El Ministerio de Seguridad no queda exento: el Fallo 67/2026 declara un perjuicio provincial de $29.997,00 y le endilga una responsabilidad patrimonial de $874.850,00 a Lucía Haydee FERNÁNDEZ SÁNCHEZ (DNI N° 34.661.324) por graves transgresiones a la Ley Nº 13.767. Un golpe al bolsillo de la funcionaria y una señal de alerta sobre el uso de fondos estatales.
Pero el plato fuerte viene de La Plata, donde el Mercado Regional La Plata es protagonista de dos resoluciones que generan asombro. Primero, el Fallo 17/2026, producto de un Recurso de Revisión, deja sin efecto cargos por un total de $4.476.321,80 contra Rubén Antonio Casanovas (Gerente de Administración), María Eugenia Triviño (Jefa de Contaduría), Santiago Rodríguez (Jefe de Personal) y Osvaldo Néstor Andrada (Jefe de Tesorería) por el ejercicio 2021. Una movida que alivia a los funcionarios, pero que deja la pregunta: ¿qué pasó para que se revirtieran sumas tan abultadas? Luego, el Fallo 79/2026, también por Recurso de Revisión, vuelve a dejar sin efecto cargos por más de $17 millones ($948.568,57; $4.328.558,53; $4.305.998,63; $6.953.418,72; $480.842,35) contra los mismos Casanovas, Triviño y Andrada, esta vez por el ejercicio 2022. Una verdadera liberación de responsabilidades que levanta sospechas sobre la solidez de las acusaciones iniciales o la efectividad de las defensas.
En contraste, el Fallo 71/2026, que también revisa el ejercicio 2021 del Ente Municipal La Plata, mantiene multas por un total de $114.000,00 para Patricia Rita Badi (Gerente de Contabilidad), Antonio José Sánchez (Presidente y Gerente General) y Cristina Liliana Gelós (Presidente). Aquí, las sanciones persisten.
Desde Zárate, el Ente Municipal de Desarrollo (ENDEZA) ve aprobada su rendición de 2024, pero la alegría es parcial: el Intendente Marcelo MATZKIN recibe una multa de $430.000,00; el Presidente del Ente, Alejandro Enrique SEMMARTIN, otra de $650.000,00; el Gerente General, Cesar Augusto ROMERO, una de $600.000,00; y la Contadora Sonia BUMBAK, $320.000,00. La Tesorera Analía SIEIRA, por su parte, es amonestada. Un verdadero festival de sanciones pecuniarias que golpea a la cúpula del ente.
En General Pinto, la Municipalidad aprueba sus cuentas 2024, pero con un costo. El Intendente Jorge Alfredo ZAVATARELLI y la Contadora Municipal Ana Cecilia SÁNCHEZ son multados con $700.000,00 cada uno, y el Intendente Fernando RODRÍGUEZ con $350.000,00. Además, se les formula un cargo solidario de $2.222.234,99 a ZAVATARELLI y SÁNCHEZ por egresos desaprobados. Varios otros funcionarios reciben amonestaciones. El Tribunal, sin embargo, mantiene en suspenso pronunciamientos sobre otras materias, dejando un manto de incertidumbre sobre responsabilidades futuras.
Y en San Vicente, la Municipalidad también aprueba su balance 2024, pero el Intendente Nicolás Pablo MANTEGAZZA y la Contadora Cynthia Rosaura CARDOZO son amonestados. MANTEGAZZA, además, carga con un cargo de $2.052.022,59 por egresos desaprobados. Otros funcionarios reciben llamados de atención, y el H.T.C. suspende varias decisiones, prometiendo más capítulos en esta saga de rendiciones.
Estos fallos, que revelan la constante tensión entre la administración pública y los organismos de control, demuestran que la gestión de fondos públicos sigue siendo un terreno minado para los funcionarios. Para los ciudadanos, es crucial estar atentos a estas auditorías, que impactan directamente en la transparencia y el uso de sus impuestos. Seguiremos de cerca cómo se desarrollan los recursos administrativos que aún pueden interponerse.
Cita relevante: "La sentencia podrá ser recurrida dentro del plazo de quince días conforme lo establecido en el artículo 38 de la Ley 10869 y sus modificatorias."
Para futuras actualizaciones, se recomienda consultar la página electrónica del H. Tribunal de Cuentas de la provincia de Buenos Aires y el Boletín Oficial.
