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Una serie de decretos presidenciales confirma la inflexibilidad del Estado frente a los reclamos de ascenso de empleados públicos. ¿Burocracia implacable o defensa del mérito?
El Boletín Oficial destapa una realidad cruda para los empleados estatales: el Gobierno ratifica el rechazo a múltiples recursos jerárquicos de agentes que buscaban ascender en el escalafón público. Los Decretos 1031, 1032 y 1033/2024, firmados por el Presidente Milei y la Ministra Pettovello, cierran la puerta a las aspiraciones de María Gabriela Rossetti, Laura Marisel Lencinas Cantos y Zulema Dorotea Ortiz, respectivamente.
Estas trabajadoras, con trayectorias y argumentos que van desde la experiencia docente universitaria hasta años de servicio como fiscalizadoras, vieron sus postulaciones al Sistema Nacional de Empleo Público (SINEP) denegadas. Los comités de valoración insistieron en que no cumplían con los requisitos excluyentes de nivel escalafonario o la "especialización pertinente" para cargos de Nivel A y B.
"Se agravian por entender que lesiona su derecho subjetivo e interés legítimo a trabajar y progresar en la carrera administrativa en la función pública", reza uno de los considerandos, reflejando el sentir de las afectadas.
Este patrón de rechazos no es menor. Muestra la rigidez de la estructura estatal y la estricta aplicación de la normativa vigente (Decreto N° 2098/08 y resoluciones complementarias) en un contexto de reestructuración y ajuste. Para los ciudadanos, esto subraya la dificultad de la carrera administrativa y la importancia de cumplir a rajatabla con cada requisito, por más que la experiencia o el desempeño parezcan compensar falencias formales. La vía administrativa se agota, dejando a los recurrentes con la única opción de la justicia, un camino largo y costoso. ¿Es este el mensaje de un Estado que busca eficiencia o uno que desmotiva a su propio personal?