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La AFIP-Aduana, en un operativo sin precedentes, notifica resoluciones lapidarias por infracciones aduaneras en Gualeguaychú y San Martín de Los Andes, con multas que superan el millón de pesos y la amenaza de confiscar mercadería. ¿Quiénes son los apuntados por el fisco?
¡Atención, ciudadanos! La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (AFIP) intensifica su pulso en las fronteras, desatando una ola de resoluciones que golpean el bolsillo y el patrimonio de varios. Desde la Aduana de Gualeguaychú hasta la de San Martín de Los Andes, el cerrojo fiscal se cierra, dejando a su paso mercadería incautada y multas que superan el millón de pesos.
En Gualeguaychú, la AFIP, con el apoyo de Gendarmería Nacional, notificó una serie de procedimientos donde se interdictaron mercaderías en infracción aduanera. Decenas de individuos, como Oscar Nahuel Scarfo Arnoldi (CI N° 5.380.014-0) e Ignacio Pedro Haristeguy (DNI N° 22.919.727), recibieron resoluciones, fechadas mayormente el 24 de febrero de 2025, que detallan las sanciones por intentar eludir los controles. Esto subraya la firmeza del Estado en la vigilancia de los ingresos y egresos de bienes, afectando directamente a quienes operan al margen de la ley.
El caso más impactante llega desde la Patagonia. La Aduana San Martín de Los Andes condenó a Vilma Norma Romani Herrera (D.N.I. Nº 94.930.510) a una multa de $1.381.660 por una infracción grave al Artículo 977 del Código Aduanero. La resolución, firmada el 25 de febrero de 2025, intima a la cancelación en quince días, bajo la amenaza de destinar de oficio la mercadería si no se cumple. Un golpe económico significativo que resalta la seriedad de las infracciones aduaneras.
Estas acciones de control aduanero buscan combatir el contrabando y las irregularidades comerciales, impactando a los sectores de transporte y retail. Para los afectados, la ley aún ofrece una vía: disponen de quince días hábiles desde la publicación en el Boletín Oficial (el 26 de febrero de 2025) para apelar ante el Juzgado Federal o el Tribunal Fiscal de la Nación. Es un recordatorio contundente de la necesidad de cumplir con las normativas vigentes para evitar consecuencias devastadoras.
22 de enero de 2026
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