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La Aduana de Posadas desató un vendaval de notificaciones a particulares y empresas por presuntas infracciones aduaneras, con multas que escalan a cifras siderales y la amenaza de decomiso de mercadería. ¡Un golpe durísimo para el bolsillo y el patrimonio de los involucrados!
La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ADUANA POSADAS) lanzó un ultimátum que resuena en la frontera: una batería de notificaciones a decenas de personas por presuntas infracciones al Código Aduanero. La medida, publicada en el Boletín Oficial, no es un simple formalismo; es una advertencia con dientes afilados para quienes cruzan la línea en el comercio exterior.
El aviso es claro y contundente: los implicados tienen apenas diez (10) días hábiles perentorios para presentarse en los Sumarios Contenciosos, armar su defensa y ofrecer pruebas. ¿El costo de no hacerlo? La temida Rebeldía (art. 1005 del C.A.), que puede derivar en consecuencias aún más graves. Además, se les exige constituir domicilio dentro del radio de la Aduana, bajo apercibimiento de las normativas de los artículos 1.004 y 1.005. ¡Una burocracia que no perdona!
Pero la cosa no termina ahí. La Aduana ofrece una salida de emergencia con sabor amargo: si dentro de ese plazo depositan el monto mínimo de la multa y abandonan expresamente la mercadería en favor del Estado (para aquellos casos con pena de comiso), la acción penal aduanera se extingue y, "milagrosamente", no se registrará el antecedente. Una opción que, para muchos, es casi una extorsión.
Para quienes se les imputa infracción al artículo 977, la presión es doble: tienen diez días para solicitar una destinación aduanera de la mercadería, previo depósito de la multa mínima. Si no lo hacen, sus bienes irán a parar a la Secretaría General de la Presidencia de la Nación, ¡un destino incierto y sin retorno! Lo mismo aplica para las infracciones a los artículos 985, 947, 986 y 987, donde la mercadería puede terminar en manos del Estado sin oposición fundada.
La lista de damnificados es larga y variada, con multas que van desde unos pocos cientos de miles de pesos hasta cifras que quitan el aliento. El caso más resonante es el de ROSELLO LUCAS EZEQUIEL, con una multa de $18.623.913,40 por infracción al art. 863. Otros nombres, como RACCIOPO MIGUEL ALBERTO ($396.792,07) o VOGEL NIK ADRIAN ($923.803,75), también enfrentan serios problemas económicos.
"La Aduana está enviando un mensaje claro: la fiscalización en las fronteras se endurece y no habrá contemplaciones para quienes busquen evadir los controles o incumplir la normativa", advirtió un especialista en comercio exterior.
Esta movida de la Aduana de Posadas no solo busca recaudar, sino también disciplinar a los actores del comercio transfronterizo. Para los ciudadanos comunes, esto significa que el control sobre el ingreso y egreso de bienes es cada vez más estricto, y que cualquier "viveza" puede salirles extremadamente cara. Manténganse informados, porque estas acciones suelen ser el preludio de mayores controles en toda la cadena.
