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La Oficina de Integridad Pública golpea la mesa y sanciona a dos funcionarios por no presentar sus Declaraciones Juradas Patrimoniales. ¿Opacidad o simple descuido? El ojo de la ley se posa sobre Gerardo Rofrano y Mario Madaffere, sumándolos a la lista negra de incumplidores.
En un nuevo capítulo de la eterna lucha por la transparencia en la función pública, la Oficina de Integridad Pública (O.F.I.P.P.) ha emitido dos resoluciones que sacuden los cimientos del sector. Dos nombres propios, Gerardo Adrián Rofrano y Mario Norberto Madaffere, se encuentran ahora bajo la lupa, sancionados con multas severas por una falta que, aunque parezca menor, es crucial para la rendición de cuentas: no presentar sus Declaraciones Juradas Patrimoniales y de Intereses Actualización Anual.
La Resolución N° 6/OFIPP/26 no solo impone una multa a Gerardo Adrián Rofrano, sino que va un paso más allá, incorporándolo a la temida nómina del Registro de Sujetos Incumplidores al Régimen de Integridad Pública. Esto no es un detalle menor; significa que su nombre queda grabado en una lista que alerta sobre su falta de cumplimiento con las normativas de transparencia. La opacidad en el patrimonio de un funcionario es una bandera roja que no puede pasarse por alto.
Paralelamente, la Resolución N° 7/OFIPP/26 apunta directamente a Mario Norberto Madaffere, imponiéndole también una multa por la misma infracción. Aunque el texto no detalla su incorporación al registro, la sanción es clara: el reloj de la transparencia no perdona.
Estas medidas, lejos de ser meros tecnicismos burocráticos, son un claro mensaje de la OFIPP: la integridad pública no es negociable. La Declaración Jurada Patrimonial es la herramienta fundamental para que la ciudadanía y los organismos de control puedan monitorear el enriquecimiento de los funcionarios y prevenir posibles actos de corrupción o conflictos de interés.
La falta de presentación de estos documentos genera una sospecha razonable y atenta contra uno de los pilares de la democracia: la confianza en sus representantes. Para el ciudadano, estas multas son la garantía de que, aunque sea a regañadientes, los funcionarios deben rendir cuentas sobre sus bienes y sus vínculos. La batalla contra la opacidad sigue su curso, y cada multa es un recordatorio de que la transparencia es un derecho, no una opción.
