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El Ministerio de Justicia posterga por 90 días la implementación del "Sistema Informatizado de Gestión Integral de la Mediación Prejudicial Obligatoria". La modernización judicial, clave para agilizar trámites, queda en stand-by por problemas técnicos y operativos.
Una noticia que resuena en los pasillos de Tribunales y entre los ciudadanos: el Ministerio de Justicia ha decidido patear para adelante la puesta en marcha del tan esperado Sistema Informatizado de Gestión Integral de la Mediación Prejudicial Obligatoria. La Resolución 140/2026, publicada hoy, extiende por NOVENTA (90) días corridos la fecha límite, que originalmente estaba prevista para el 29 de marzo de 2026.
En la práctica, esto implica que el proceso de mediación previa obligatoria, un paso ineludible antes de llegar a juicio en muchas causas, seguirá utilizando los métodos actuales, al menos por tres meses más. El objetivo del sistema, establecido por el Decreto N° 696/25, era modernizar y centralizar la tramitación, optimizando la gestión administrativa y permitiendo la interacción digital entre abogados, mediadores y partes.
Desde el propio Ministerio, la Dirección General de Tecnologías de la Información y las Telecomunicaciones y la Dirección Nacional de Mediación admitieron que, a pesar de los avances, "aún se encuentran en curso de desarrollo diversas funcionalidades que comprenden componentes críticos para su operatoria integral". Además, se identificaron "diversos aspectos operativos pendientes", como la adecuación normativa, la difusión entre los profesionales, la capacitación y la generación de credenciales digitales. Un combo explosivo que detiene la marcha de la digitalización judicial.
"La magnitud de las modificaciones comprometidas exige asegurar las condiciones necesarias para una adecuada implementación", justifica la cartera de Justicia.
Para el ciudadano común, esto se traduce en una demora en la promesa de una justicia más ágil y eficiente. Los abogados y mediadores deberán seguir lidiando con los sistemas actuales, perdiendo la oportunidad de acceder a una plataforma que prometía "trazabilidad de las actuaciones" y una gestión simplificada. Es un golpe a la expectativa de transparencia y rapidez en la resolución de conflictos extrajudiciales.
La nueva fecha de implementación se extiende hasta finales de junio de 2026. Será crucial monitorear si en este nuevo plazo el Ministerio logra superar los obstáculos técnicos y operativos, o si esta postergación es solo el primer capítulo de una novela de demoras en la modernización de la justicia argentina. Estaremos atentos para mantenerte informado.
Para estar al tanto: Seguí las publicaciones del Boletín Oficial y los comunicados del Ministerio de Justicia sobre el avance de este sistema.
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