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El Organismo Provincial de Contrataciones adjudicó la compra de cartuchos de tóner y tintas por Convenio Marco, pero no sin antes *desestimar* numerosos renglones de diversas empresas por 'dispersión de precios'. ¿Se resguarda el interés fiscal o se complica a los proveedores?
La Provincia de Buenos Aires, a través de su Organismo Provincial de Contrataciones (OPCGP), cerró un capítulo más en la adquisición de insumos vitales para la administración pública: la compra de cartuchos de tóner y tintas para impresoras. Un proceso de Licitación Pública bajo la modalidad de Convenio Marco que movilizó a ocho empresas, pero que culminó con una decisión que genera polémica.
La Resolución N° 67-OPCGP-2026 detalla la adjudicación del Proceso de Compra N° 614-1190-LPU25, un contrato fundamental para abastecer a todas las jurisdicciones y entidades bonaerenses. Sin embargo, lo que realmente llama la atención es que, a pesar de los dictámenes de preadjudicación, la Dirección Provincial de Compra Centralizada y Convenios Marco se apartó de las recomendaciones iniciales y desestimó múltiples renglones de ofertas presentadas por firmas como RUSCITTI OSCAR OMAR, ALSINA WALTER LEONARDO, 385 COMERCIAL S.A., TEDESAN COMERCIAL S.R.L., ARG COLOR S.R.L., TE FITI S.A. y CLICKIT SA.
La justificación oficial es contundente: se advirtió la existencia de "dispersión en diversos renglones" y se consideró que "obstara a la adjudicación toda distorsión significativa de la oferta en relación con precios de mercado". En otras palabras, la Provincia optó por proteger el interés fiscal y público ante precios que consideró excesivos o fuera de mercado. Una jugada que, si bien busca la eficiencia del gasto, puede generar roces con los proveedores y encender las alarmas sobre la transparencia y las reglas del juego en las licitaciones. Los renglones declarados desiertos o fracasados suman a la complejidad de este proceso.
"...obstara a la adjudicación toda distorsión significativa de la oferta en relación con precios de mercado del producto, bien o servicio ofrecido..."
Esta medida subraya la tensión constante entre la necesidad de abastecer al Estado y la búsqueda de precios competitivos, especialmente en un contexto económico volátil. Los proveedores adjudicados ahora deben presentar garantías de cumplimiento y firmar el Convenio Marco, mientras que los desestimados quedan con el sabor amargo de ver sus ofertas parcial o totalmente rechazadas.
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