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Un funcionario bonaerense, **Carlos Capasso**, vio frustrada su bonificación por título universitario. El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos dictaminó que su licenciatura en periodismo no es *atinente* a sus tareas de coordinador de administradores de consorcios. ¿Un golpe a la meritocracia o un ajuste burocrático?
¡Bomba en la administración pública bonaerense! El Boletín Oficial acaba de revelar una decisión que genera polémica y enciende las alarmas entre los empleados estatales. Se trata del rechazo a la solicitud de la codiciada Bonificación por Título Universitario de Grado atinente a la Función (BTU) para Carlos Capasso, un funcionario que se desempeña como Responsable Ejecutivo de la Unidad de Coordinación del Registro Público de Administradores de Consorcios de Propiedad Horizontal.
La trama es simple pero explosiva: Capasso, con su título de Licenciado en Periodismo y Tecnologías de la Comunicación, buscaba acceder a este plus salarial. Sin embargo, la Dirección Provincial de Planificación y Gestión Estratégica fue lapidaria: el título no resulta atinente a sus funciones. ¿El argumento? Si bien reconocen que tiene relación parcial con tareas de comunicación institucional, el objeto esencial de su función es normativo, registral y administrativo, ¡muy lejos de las primicias y los flashes!
La resolución, firmada por el Ministro de Justicia y Derechos Humanos, Juan Martín Mena, se ampara en la Ley N° 10.430 y el Decreto N° 641/25. Esta medida sienta un precedente que podría afectar a muchos trabajadores estatales que aspiran a que sus estudios sean valorados para obtener beneficios. La pregunta del millón es: ¿Qué tan estricta será ahora la evaluación de la atinencia de los títulos?
'Las competencias del título guardan relación parcial con las tareas de comunicación institucional del área, pero no con el objeto esencial de la función, de carácter normativo, registral y administrativo.'
Esta decisión envía un mensaje claro: la formación académica debe estar directamente alineada con el puesto, o el Estado no desembolsará un peso extra. Para el ciudadano común, podría interpretarse como una búsqueda de mayor eficiencia en el gasto público. Para el empleado, un baldazo de agua fría. ¡A estar atentos a futuras repercusiones!
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