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La Superintendencia de Servicios de Salud inicia el proceso de baja de la OBRA SOCIAL DEL PERSONAL DE LA ACTIVIDAD FRUTÍCOLA por su crítica situación financiera. Miles de beneficiarios deberán buscar nueva cobertura médica urgentemente.
¡Bomba en el sector de la salud! La Superintendencia de Servicios de Salud (SSS) ha dictado una resolución lapidaria: se inicia el procedimiento de baja de la OBRA SOCIAL DEL PERSONAL DE LA ACTIVIDAD FRUTÍCOLA (R.N.A.S. N° 1-0840-7). Esta medida, que sacude a miles de trabajadores y sus familias, llega tras un largo historial de incumplimientos y una crisis económica-financiera que se arrastra desde hace años.
La Obra Social fue declarada en "situación de crisis" en julio de 2022. Desde entonces, se le exigió un Plan de Contingencia que, según los informes técnicos de la SSS, no fue cumplido cabalmente. A pesar de las advertencias y una prórroga solicitada, la entidad no presentó la información actualizada requerida, lo que llevó al Comité de Evaluación y Seguimiento de Crisis a aprobar por unanimidad el inicio de la baja.
Si sos afiliado de la Obra Social del Personal de la Actividad Frutícola, ¡atención! La resolución te da la crucial "libre elección" para cambiarte a otro Agente del Seguro de Salud, garantizando la continuidad de tu cobertura. La Obra Social tiene la obligación de informarte sobre este procedimiento. La SSS instruyó a sus gerencias a inhabilitar la opción de recibir nuevos afiliados en la Obra Social Frutícola y, simultáneamente, habilitar la opción de cambio para sus actuales beneficiarios. ¡No te duermas! Tu salud está en juego.
"Esta decisión es un golpe duro, pero necesario para proteger los derechos de los beneficiarios frente a una gestión insostenible", afirmó una fuente cercana al organismo de control.
El Consejo Directivo de la Obra Social ahora se constituirá en Comisión Liquidadora, con la tarea de llevar adelante el proceso de liquidación administrativa o, incluso, promover la solicitud de quiebra. La SSS, a través de su Comité, supervisará de cerca todo el proceso para asegurar la transparencia y minimizar el impacto en la población afectada. Esta medida subraya la férrea mano reguladora del Estado para garantizar la solvencia y la calidad de los servicios de salud.
