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El IPS reclama casi $900.000 a herederos de un fallecido por haberes indebidos, mientras el Tribunal de Cuentas impone cargos millonarios a exfuncionarios y gestiona una catarata de recursos de revisión. La lupa sobre el uso de fondos públicos, más apretada que nunca.
La transparencia en el manejo de los fondos públicos vuelve a ser noticia en la provincia de Buenos Aires, con resoluciones que ponen en jaque a deudores y exfuncionarios. El Instituto de Previsión Social (IPS) ha declarado legítima una deuda de $864.947,60 contra los herederos del fallecido Roberto Domingo Fernandez. El motivo: haberes percibidos indebidamente entre julio y mayo de 2024 debido a un "error de cargos considerados". Ahora, los derechohabientes tienen un plazo perentorio de diez (10) días para pagar o proponer un plan de pago, bajo apercibimiento de iniciar acciones ejecutivas. ¡Un golpe inesperado para la familia de Fernandez, que ahora debe lidiar con una herencia de deuda!
Pero la cosa no termina ahí. El Honorable Tribunal de Cuentas de la provincia de Buenos Aires ha dictado un fallo contundente con fecha 20 de noviembre de 2025 contra Marianela Cazzappa, declarándola responsable patrimonial por un faltante de $772.799,08 en el Organismo Provincial de la Niñez y Adolescencia. Cazzappa tiene noventa (90) días para depositar el monto o enfrentar las consecuencias legales. Esto subraya la constante vigilancia sobre la gestión de recursos en organismos estatales.
Además, el Tribunal de Cuentas se encuentra inmerso en la gestión de múltiples recursos de revisión presentados por exfuncionarios y responsables de distintas municipalidades, como la de 25 de Mayo y Esteban Echeverría. Estos recursos, presentados por figuras como Francisco Recalt, Ángel Hernán Horacio Ralinqueo, Jonatan Emmanuel Sibona, Daiana Loza y Rosario Balbina Alicia Rossetti, buscan revertir o modificar resoluciones previas del Tribunal que les imputaban responsabilidades o cargos.
Si bien muchos de estos recursos son declarados "improcedentes formalmente", la cantidad de apelaciones evidencia la complejidad y la tensión en la relación entre los organismos de control y las administraciones locales. Cada uno de estos expedientes representa una rendición de cuentas, un posible desvío o un error administrativo que el Estado intenta corregir o cobrar.
Para el ciudadano común, estas resoluciones son un recordatorio de que el dinero público está bajo constante escrutinio. La recuperación de fondos mal habidos y la exigencia de responsabilidad a los funcionarios son pilares fundamentales para la confianza en las instituciones. Para seguir estas actualizaciones, se recomienda consultar el Boletín Oficial y los sitios web del IPS y el Tribunal de Cuentas.
"El control es esencial. Cada peso que se desvía o se percibe indebidamente es un peso que falta en servicios esenciales para la gente", enfatiza un especialista en finanzas públicas.
