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El Tribunal de Cuentas bonaerense desata una ola de sanciones, multas y cargos por irregularidades financieras en municipios y ministerios. Funcionarios bajo la lupa por desvíos y perjuicios al Estado provincial.
El Honorable Tribunal de Cuentas de la Provincia de Buenos Aires no da tregua y, en una serie de fallos contundentes, puso la lupa sobre la gestión de fondos públicos, aplicando multas millonarias y cargos por responsabilidad patrimonial a varios funcionarios.
En el Fallo 58/2026, se declaró un perjuicio al Estado Provincial de $104.900,00 y se responsabilizó a Ramón Francisco OSUNA (D.N.I. Nº 22.720.251) con un cargo pecuniario de $759.150,00 por transgresiones en el Ministerio de Seguridad. Tiene 90 días para depositar el monto. Además, el Fallo 22/2026 declaró improcedentes recursos de revisión de José María GUIDI e Irma Alicia SILVA relacionados con el Consejo Escolar de Baradero (Ejercicio 2023).
La Municipalidad de Tapalqué (Ejercicio 2024) recibió la aprobación de su Rendición de Cuentas, pero no sin antes aplicar sanciones severas. El Tribunal impuso multas de $900.000,00 al Contador José Diego RAHAL y $890.000,00 al Tesorero José Walter LIVIO, además de un llamado de atención a Daniel Ignacio VEGA. Pero lo más grave es el cargo solidario de $1.514.853,34 que deberán afrontar RAHAL y LIVIO por irregularidades. Tienen 90 días para regularizar la situación.
En el Fallo 59/2026, se multó a María Candelaria Arrien en relación a la Municipalidad de Ayacucho y su Hospital. Por su parte, la Municipalidad de Guaminí (Ejercicio 2024) también fue aprobada con observaciones, y su Intendente, José Augusto NOBRE FERREIRA, fue multado con $800.000,00. La Contadora Municipal, Marilina VARELA, y el Secretario de Hacienda, Juan Cruz PIROSANTO, recibieron multas de $500.000,00 y $400.000,00 respectivamente, sumando llamados de atención a otros funcionarios.
"Estos fallos demuestran el compromiso del Tribunal en velar por el correcto uso de los fondos públicos, aunque la recurrencia de estas situaciones en distintos niveles de la administración provincial enciende una luz de alarma sobre la transparencia y el control interno", señaló un analista cercano a este medio.