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El Organismo Provincial de Contrataciones aprobó un explosivo ajuste de precios para IVECAM SA en partes clave de un contrato, mientras rechazó otras solicitudes. ¿Quién gana y quién pierde con esta movida que impacta directo en el bolsillo bonaerense?
El Organismo Provincial de Contrataciones (OPC) de la Provincia de Buenos Aires acaba de desatar una bomba en el mundo de los contratos públicos con su Decreto N° 126/23 B. En una movida que genera suspicacias y preguntas, la Directora Ejecutiva, María Victoria Anadon, aprobó una explosiva revisión de precios para la empresa IVECAM SA, específicamente para los renglones 6, 7 y 8 de un contrato crucial. Esto significa que el Estado bonaerense pagará más por esos ítems, un golpe directo a las arcas públicas que se hará efectivo desde el momento en que el proveedor solicitó el ajuste, aunque esa fecha no fue revelada.
Pero la historia no termina ahí. En un giro dramático, el mismo organismo rechazó otras solicitudes de revisión de precios presentadas tanto por IVECAM SA (para el renglón 3) como por SIMONE MOBILITAS S.A. ¿Por qué algunos sí y otros no? Los motivos, según el decreto, están "expuestos en los considerandos", pero no se detallan en el resumen oficial, dejando un manto de misterio sobre los criterios aplicados. Esta decisión genera un claro contraste en el trato hacia las empresas, beneficiando a IVECAM en ciertos aspectos y negándoles el mismo beneficio en otros, y dejando a SIMONE MOBILITAS sin el ajuste esperado.
Como si fuera poco, IVECAM S.A. tiene ahora un plazo de siete días para actualizar la garantía de cumplimiento de su contrato, ajustándola al nuevo monto con los precios revisados. Una exigencia burocrática que, si bien es estándar, añade presión a la empresa en medio de estas decisiones. Este tipo de resoluciones, habituales en un contexto inflacionario como el argentino, son vitales para entender cómo se manejan los fondos públicos y qué empresas se benefician de los ajustes. La opacidad en los fundamentos de algunos rechazos, sin embargo, enciende las alarmas sobre la equidad y transparencia en los procesos de contratación provincial.
