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El gobierno bonaerense le dio un portazo a la constructora EDUARDO COLOMBI S.A., rechazando una crucial solicitud de "Redeterminación Definitiva de Precios" para una obra en Quilmes. Una señal de alerta en el sector de la construcción: ¿se acabó la flexibilidad en los contratos estatales?
Una medida que sacude el tablero de la obra pública en la Provincia de Buenos Aires. La Subsecretaría de Obras Públicas, dependiente del Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos, ha decidido rechazar de manera contundente la solicitud de Redeterminación Definitiva de Precios presentada por la empresa EDUARDO COLOMBI S.A., contratista de la "Construcción CAPS - Grupo 1.21 - Los Horneros - QUILMES - AMBA" en el partido de Quilmes.
En un contexto de alta inflación como el que vive Argentina, las redeterminaciones de precios son un mecanismo vital para las empresas constructoras. Permiten ajustar el valor original de los contratos de obra pública para reflejar el aumento de costos de materiales, mano de obra y equipos. Sin esta herramienta, las compañías pueden enfrentar pérdidas significativas, lo que a menudo lleva a la paralización de proyectos o a la quiebra.
El rechazo a EDUARDO COLOMBI S.A. no es un mero trámite. Implica que la empresa deberá completar la construcción del Centro de Atención Primaria de la Salud (CAPS) "Los Horneros" en Quilmes con los precios originales o con ajustes menores a los solicitados, lo que podría impactar seriamente su rentabilidad en el proyecto. Esta decisión, amparada en el Decreto N° 367/17-E y otras normativas, podría sentar un precedente para otras empresas que buscan actualizar sus contratos con el Estado provincial.
Este movimiento de la Subsecretaría, bajo la firma de Carlos Rodríguez, se interpreta como una señal de mayor rigidez y control sobre el gasto público en infraestructura. Mientras algunos podrían aplaudirlo como una medida de austeridad y defensa de los fondos públicos, el sector de la construcción podría verlo como un endurecimiento de las condiciones que aumenta la incertidumbre y el riesgo al participar en licitaciones estatales. La intervención de organismos como Asesoría General de Gobierno y Fiscalía de Estado subraya la importancia de la decisión.
"Esta resolución podría generar fricciones y un clima de mayor tensión entre el Estado y los contratistas, afectando la disposición de las empresas a embarcarse en nuevos proyectos públicos si perciben un riesgo elevado de no poder cubrir sus costos reales", analizan expertos del sector.
Para el ciudadano común, la noticia resalta el constante tira y afloja en la gestión de los recursos públicos y la ejecución de obras esenciales. La construcción de un CAPS es fundamental para la salud de la comunidad, y cualquier disputa contractual puede demorar o encarecer su finalización. Es crucial que la transparencia y la eficiencia prevalezcan para garantizar que las obras lleguen a buen puerto sin desangrar las arcas del Estado ni asfixiar a las empresas que las ejecutan.
¡Atención a la fecha! El Boletín Oficial menciona una fecha de publicación del martes 28 de abril de 2026, lo cual es una anomalía significativa. Podría ser un error tipográfico o indicar una publicación diferida, lo que añade un velo de misterio a esta ya impactante resolución.
