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El Ministerio de Salud porteño, bajo la lupa por la readecuación de precios a un estudio externo y la aprobación de nuevas licitaciones, mientras se reacomodan las partidas presupuestarias. ¿Quién se beneficia con estos movimientos millonarios?
El Boletín Oficial de hoy revela un entramado de decisiones administrativas dentro del Ministerio de Salud que, aunque parecen rutinarias, mueven la aguja de los fondos públicos. En primer lugar, la Resolución N° 4/FACOEP/26 aprueba la readecuación de Precios N° 6 al ESTUDIO ELIZALDE, CASARES Y ASOCIADOS S.C. para la Licitación Pública N° 2/FACOEP/24. Esto significa que un contrato ya existente con una consultora externa ha sido ajustado, probablemente por la inflación galopante o cambios en los alcances del servicio. Si bien es un procedimiento común en épocas de inestabilidad económica, la falta de transparencia sobre los montos exactos de este incremento deja un manto de duda sobre la gestión de los recursos. ¿Cuánto más le costará a los porteños este servicio?
Además, la Resolución N° 47/SSASS/26 efectúa una compensación presupuestaria. Este tipo de movimientos internos, que trasladan fondos de una partida a otra, son habituales pero cruciales para entender las prioridades de gasto del Ministerio. La pregunta es: ¿qué áreas se ven beneficiadas y cuáles sacrificadas con estos reacomodos? Sin los detalles, es difícil evaluar el impacto en la calidad de los servicios de salud que reciben los ciudadanos. Finalmente, la Resolución N° 50/SSASS/26 aprueba pliegos y llama a una nueva Licitación Pública N° 401-0004-LPU26. Esto abre la puerta a nuevas contrataciones y gastos, lo que siempre implica un flujo de dinero significativo. Los ciudadanos deberían estar atentos a qué servicios o bienes se buscan adquirir con esta licitación, ya que impactará directamente en cómo se administran los recursos destinados a la salud de la Ciudad.
Estas resoluciones, aunque administrativas, son el engranaje silencioso que define el rumbo del presupuesto público. La readecuación de precios, las compensaciones y las nuevas licitaciones son el pan de cada día en la gestión estatal, pero su impacto acumulado puede ser enorme. Es fundamental que la ciudadanía exija mayor claridad sobre los montos involucrados y los criterios detrás de estas decisiones para asegurar una gestión transparente y eficiente de los fondos públicos.
