Recibe los análisis más provocadores del Boletín Oficial. No es una newsletter, es un manifiesto diario.
Nos tomamos en serio tu privacidad. No compartiremos tu información.
El Tribunal de Cuentas le clavó una multa monumental a Alejandro Rodrigo Ledesma, ex funcionario del Ministerio de Seguridad, por casi $815.000. ¡El Estado Provincial sufrió un perjuicio económico que ahora debe recuperarse!
¡El Honorable Tribunal de Cuentas de la Provincia de Buenos Aires no perdona una! En un fallo que resonará en los pasillos de la administración pública, se declaró a Alejandro Rodrigo Ledesma (D.N.I. N° 24.122.157) patrimonialmente responsable por graves transgresiones a los artículos 112 y 114 de la Ley N° 13.767, relacionadas con el Ministerio de Seguridad durante el ejercicio 2021.
La resolución es contundente: Ledesma deberá afrontar un cargo pecuniario de $814.975,00. Este monto se suma al perjuicio inicial que el Estado Provincial sufrió, valuado en $24.077,50 al 3 de febrero de 2021, según lo señalado en el Considerando Primero del expediente N° 21100-817097-2021-0-1.
Esta medida es un claro mensaje sobre la rendición de cuentas y la transparencia en el manejo de los recursos públicos. Ledesma tiene un plazo de noventa (90) días para depositar la suma en el Banco de la Provincia de Buenos Aires, Cuenta Fiscal N° 108/9 - CBU 0140999801200000010893, a la orden del Presidente del H. Tribunal de Cuentas de la Provincia de Buenos Aires (CUIT 30-66570882-5). Si no lo hace, el Fiscal de Estado intervendrá para iniciar las acciones legales correspondientes, tal como lo prevé el artículo 159 de la Constitución Provincial.
El fallo subraya que la resolución podrá ser recurrida dentro del plazo de quince (15) días, pero la presión es alta sobre los funcionarios para que manejen los fondos con la máxima diligencia. Esto demuestra que la vigilancia de los organismos de control es constante y que las irregularidades no quedan impunes.
Este caso, que se origina en un sumario de responsabilidad patrimonial, pone en evidencia las falencias en la gestión y el estricto control que ejerce el Tribunal sobre cada peso del erario público. Para el ciudadano de a pie, es la confirmación de que hay ojos vigilando el gasto y que las irresponsabilidades tienen consecuencias directas y severas.