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Un decreto presidencial revoca parcialmente exenciones impositivas a CITRUS DE MISIONES S.A. por no cumplir con producción y empleo prometidos, exigiendo reintegros y una multa millonaria. ¿Fin a la impunidad de los subsidios?
El Gobierno Nacional, a través del Decreto 10/2025, le puso los puntos a CITRUS DE MISIONES SOCIEDAD ANÓNIMA (CUIT N° 30-69803905-8), declarada beneficiaria del Régimen de Promoción No Industrial hace décadas. La medida es un duro golpe a la empresa, que ahora deberá enfrentar el decaimiento parcial de su exención en el Impuesto a las Ganancias y el reintegro de tributos no abonados, más intereses y actualizaciones, por graves incumplimientos.
La historia se remonta a un proyecto de 1997 para implantar 80 hectáreas de mandarinas en Misiones, con una inversión prometida de $1.021.000 y una dotación de personal mínima. Sin embargo, fiscalizaciones de la AFIP y análisis de la Dirección Nacional de Incentivos Promocionales revelaron un oscuro panorama: la empresa no alcanzó los volúmenes de producción anual comprometidos entre 2013 y 2015, contrató menos personal temporario en 2015 y, lo que es aún más grave, utilizó en exceso el beneficio de exención en el Impuesto a las Ganancias en varios ejercicios entre 2009 y 2014.
Tras un proceso sumarial donde la empresa fue declarada rebelde por no presentarse, el veredicto es contundente: decaimiento parcial del beneficio por incumplimientos del 31,54% en 2013, 30,78% en 2014 y 33,77% en 2015. Además, se le impone una multa de $56.155. Esta decisión no solo busca recuperar fondos públicos, sino que envía un mensaje claro a todas las empresas que gozan de regímenes de promoción: los beneficios vienen con responsabilidades y el Estado está dispuesto a hacerlas cumplir.
"El Poder Ejecutivo Nacional posee facultad privativa para conceder los beneficios promocionales... así como también para disponer el decaimiento total o parcial de aquellos."
Para el ciudadano común, esto significa que se está buscando mayor transparencia y equidad en el uso de los recursos públicos, evitando que empresas se beneficien de exenciones sin cumplir con sus contraprestaciones. Es una señal de que el ojo fiscalizador está más atento.
