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El Ministerio de Capital Humano homologó acuerdos que permiten a empresas suspender personal con "reconocimiento tácito de crisis", esquivando el Procedimiento Preventivo de Crisis. Una jugada que genera polémica y afecta a miles.
Una movida audaz del Ministerio de Capital Humano está sacudiendo el panorama laboral argentino. A través de la Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones del Trabajo, se homologaron una serie de acuerdos de suspensión que, para muchos, representan un atajo a la legislación vigente. Las empresas EMPRESA MAYO SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA, JACK CARS SOCIEDAD ANONIMA, F-BRIONES SOCIEDAD RESPONSABILIDAD LIMITADA y el CÍRCULO DE SUBOFICIALES DE LA FUERZA AÉREA ARGENTINA ASOCIACIÓN MUTUAL, en conjunto con sindicatos como la UNION TRANVIARIOS AUTOMOTOR (UTA), el SINDICATO DE MECÁNICOS Y AFINES DEL TRANSPORTE AUTOMOTOR (SMATA) y la UNIÓN DE TRABAJADORES DE ENTIDADES DEPORTIVAS Y CIVILES (UTEDyC), pactaron la suspensión de personal bajo el Artículo 223 bis de la Ley N° 20.744.
¿Qué significa esto? Los trabajadores afectados recibirán una prestación no remunerativa, es decir, un pago que no computa para aguinaldo, vacaciones o futuras indemnizaciones de la misma manera que un salario normal. Lo más controvertido es que, según el propio Boletín Oficial, esta homologación se da a pesar de que la ley (N° 24.013 y Decreto N° 265/02) exige un Procedimiento Preventivo de Crisis (PPC) antes de suspender masivamente. Sin embargo, el Ministerio argumenta que 'atento al consentimiento prestado por la entidad sindical... se estima que ha mediado un reconocimiento tácito a la situación de crisis que afecta a la empresa', calificando la exigencia del PPC como un 'dispendio de actividad'.
Esta interpretación es explosiva. Permite a las empresas achicar costos y 'preservar puestos de trabajo' en el corto plazo, pero a costa de flexibilizar un requisito legal clave. Para los trabajadores, implica un alivio momentáneo frente al despido, pero con una reducción de sus derechos laborales al recibir sumas no remunerativas. Es una señal clara de la dirección que el Gobierno busca imponer en las relaciones laborales: más flexibilidad para las empresas, incluso si eso significa sortear procedimientos establecidos. Estén atentos, porque esta medida podría sentar un precedente para futuros ajustes en el mercado de trabajo.
