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El Gobierno homologa acuerdos de suspensiones basados en la Ley de Contrato de Trabajo, con raíces en la pandemia de 2020. ¿Un fantasma del pasado que aún acecha el empleo argentino?
Los trabajadores argentinos siguen bajo la sombra de la pandemia, al menos en lo que respecta a la normativa laboral. El Ministerio de Capital Humano, a través de la Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones del Trabajo, acaba de homologar múltiples acuerdos de suspensiones bajo el polémico artículo 223 bis de la Ley de Contrato de Trabajo (LCT). Lo más llamativo es que estas disposiciones, fechadas en abril de 2025, se fundamentan en decretos y resoluciones de la emergencia sanitaria nacional de 2020, como el DNU 297/2020 de Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio (ASPO) y el DNU 329/2020 que prohibió despidos y suspensiones, exceptuando justamente el 223 bis.
Esto implica que empresas, con la anuencia de sindicatos como la UNIÓN INDUSTRIAL ARGENTINA (UIA), la CONFEDERACIÓN GENERAL DEL TRABAJO (CGT) y la FEDERACION ARGENTINA DE EMPLEADOS DE COMERCIO Y SERVICIOS, siguen aplicando o regularizando acuerdos que permiten suspender personal pagando una prestación no remunerativa. En el caso particular de TECAL SOCIEDAD ANONIMA y la UNION TRABAJADORES DE LA INDUSTRIA DEL CALZADO DE LA REPUBLICA ARGENTINA (U.T.I.C.R.A.), se homologaron suspensiones específicas para su personal.
Para los trabajadores afectados, significa que parte de su salario durante la suspensión no computa para cargas sociales ni futuros cálculos indemnizatorios, lo que representa un golpe directo a sus derechos laborales. Para las empresas, es una herramienta para reducir costos laborales en momentos de crisis, pero ¿es sostenible seguir aplicando medidas de emergencia cuatro años después?
"La persistencia de estas homologaciones de suspensiones de la era COVID en 2025 plantea serias dudas sobre la recuperación económica y la estabilidad del mercado laboral. ¿Es una señal de que la crisis aún no terminó, o simplemente una burocracia tardía?"
Este mecanismo, diseñado para preservar fuentes de trabajo en una situación excepcional de fuerza mayor, sigue siendo un parche en lugar de una solución estructural. La Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones del Trabajo argumenta que el cúmulo de expedientes es inmenso, lo que podría explicar la demora en estas homologaciones. Sin embargo, la pregunta persiste: ¿cuántos trabajadores más seguirán bajo este régimen de precariedad "legalizada" en pleno 2025? La situación expone la fragilidad del empleo y la necesidad urgente de reformas que ofrezcan verdadera certidumbre.
Para estar informado: Seguí de cerca las publicaciones del Boletín Oficial y los comunicados del Ministerio de Capital Humano sobre futuras homologaciones o cambios en la normativa laboral. La situación puede evolucionar rápidamente.
