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El Gobierno homologa acuerdos entre AGCO Argentina, Seoul Motor y SMATA para suspender personal con pago no remunerativo, *saltándose* el Procedimiento Preventivo de Crisis.
El Boletín Oficial destapó una movida explosiva en el ámbito laboral que deja a miles de trabajadores en la cuerda floja. El Ministerio de Capital Humano, a través de la Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones del Trabajo, convalidó dos acuerdos que permiten a las empresas AGCO ARGENTINA SOCIEDAD ARGENTINA y SEOUL MOTOR SOCIEDAD ANONIMA suspender personal masivamente, pagando una prestación no remunerativa en los términos del controvertido Artículo 223 bis de la Ley de Contrato de Trabajo.
Lo más impactante de estas disposiciones (905/2025 y 906/2025) es que la autoridad laboral avaló que se omita el Procedimiento Preventivo de Crisis (PPC), un paso obligatorio establecido por la Ley 24.013 y el Decreto N° 265/02 antes de cualquier despido o suspensión masiva. ¿La justificación? Un supuesto "reconocimiento tácito a la situación de crisis" por parte del SINDICATO DE MECANICOS Y AFINES DEL TRANSPORTE AUTOMOTOR (SMATA), que habría consentido los acuerdos para "preservar los puestos de trabajo".
'La exigencia del cumplimiento de los requisitos legales [del PPC] un dispendio de actividad', reza el texto oficial, una frase que resuena como una bofetada para quienes defienden la rigurosidad de la ley.
Esto significa que, sin el análisis público y detallado que implica un PPC, el Estado valida suspensiones que impactan directamente en el bolsillo de los trabajadores. La prestación no remunerativa implica que sobre esas sumas no se realizan aportes jubilatorios ni de obra social, afectando futuras jubilaciones y cobertura médica. Además, se abre una puerta peligrosa para que otras empresas intenten eludir el PPC, debilitando la protección laboral.
Permite a las empresas pagar una suma no remunerativa durante suspensiones acordadas, siempre que se cumplan ciertos requisitos. Sin embargo, la omisión del PPC es el punto más álgido aquí.
Para el ciudadano común, esto significa que la precarización laboral podría ganar terreno, y que la 'crisis' puede ser una excusa para recortar derechos sin el debido control estatal. Es fundamental estar atento a cómo se desarrollan estos precedentes y si el Ministerio de Capital Humano seguirá con esta línea de flexibilización.
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