Recibe los análisis más provocadores del Boletín Oficial. No es una newsletter, es un manifiesto diario.
Nos tomamos en serio tu privacidad. No compartiremos tu información.
El Presidente Milei desestimó el recurso jerárquico de MANFREY COOPERATIVA DE TAMBEROS, confirmando la acción de lesividad del Ministerio de Salud por una renegociación de precios de leche en polvo en 2019, que podría derivar en denuncia penal y recupero de fondos.
Un verdadero culebrón administrativo con tintes de escándalo económico sacude al sector lácteo y al Ministerio de Salud. El Presidente de la Nación, Javier Milei, ha desestimado por improcedente el recurso jerárquico presentado por MANFREY COOPERATIVA DE TAMBEROS DE COMERCIALIZACIÓN E INDUSTRIALIZACIÓN LIMITADA, lo que valida la postura del Ministerio de Salud en un caso que huele a fraude contra el erario público.
El meollo del asunto se remonta a 2019, cuando la ex-Secretaría de Gobierno de Salud aprobó una renegociación de precios a favor de Manfrey en una licitación de leche en polvo. El Ministerio de Salud, en 2021, declaró que este acto estaba afectado de "nulidad absoluta" y ordenó: iniciar una acción de lesividad en sede judicial, instruir un sumario administrativo, formular una denuncia penal y buscar el recupero de las sumas abonadas.
Manfrey argumentó que la renegociación era legítima por la variación de costos y que se violó su derecho de defensa. Sin embargo, el Gobierno, con el aval de la Procuración del Tesoro, sostuvo que la resolución original del Ministerio de Salud (N° 832/21) era una orden interna para iniciar acciones judiciales, no un acto definitivo, y por lo tanto, no era susceptible de recurso administrativo.
"La Administración Pública tiene el deber de someter cuestiones como la presente a juicio imparcial, en defensa del erario y de los derechos de todos los administrados y todas las administradas, sin distinción alguna."
Este decreto presidencial cierra la vía administrativa para Manfrey, dejándola con la única opción de recurrir a la Justicia para defenderse. La implicación es enorme: sienta un precedente de intransigencia estatal ante lo que considera actos de corrupción o perjuicio al Estado, y pone en alerta a todas las empresas con contratos públicos. La posibilidad de recuperar sumas millonarias de dinero público está ahora en manos de los tribunales. Los ciudadanos deberán estar atentos a los próximos pasos judiciales.
