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Una resolución provincial amplía al 100% una orden de compra ya multimillonaria para la firma ROYAL DOOR S.R.L., sumando más de $1.600 millones al gasto en equipamiento escolar. ¿Garantía de aulas modernas o sobrecosto polémico en la educación bonaerense?
El Gobierno bonaerense ha vuelto a generar revuelo con una decisión que duplica el costo de un contrato ya millonario. La Resolución N° 1417-SSAYRHDGCYE-2026, publicada el 27 de febrero de 2026, aprobó una ampliación del cien por ciento (100 %) de la Orden de Compra PBAC N° 297-1939-OC25, emitida a favor de la firma ROYAL DOOR S.R.L. (CUIT 30-70842095-2). Esto significa que a los $1.611.518.250,00 originalmente adjudicados para la adquisición de mobiliario escolar, se suman otros $1.611.518.250,00, elevando el monto total de la operación a más de $3.200 millones.
La medida, propiciada por la Dirección Provincial de Equipamiento Escolar, se ampara en el punto 26 del Pliego de Bases y Condiciones Generales y en el artículo 7 inciso b) de la Ley N° 13.981. Si bien la normativa permite estas ampliaciones, la magnitud del monto involucrado y la duplicación de un contrato ya considerable encienden las alarmas sobre la gestión de los recursos públicos. Los contribuyentes de la Provincia de Buenos Aires verán cómo una porción significativa del presupuesto educativo se destina a esta única empresa.
El contrato original surgió de la Licitación Pública N° 9/24, destinada a satisfacer la demanda de mobiliario en los establecimientos educativos. La Resolución detalla la imputación presupuestaria para el ejercicio 2026. Es crucial destacar que el Artículo 3° de la Resolución establece que la gestión aprobada queda bajo la "exclusiva responsabilidad del funcionario que la propicia", extendiéndose a la "razonabilidad de los precios a pagar".
"Es fundamental que los contribuyentes sepan cómo se manejan los fondos. Esta operación, legalmente respaldada pero financieramente impactante, merece un seguimiento cercano para asegurar que el mobiliario llegue a las aulas en tiempo y forma, y que los precios pagados sean realmente justos."
Este movimiento, aunque legal, plantea serias preguntas sobre la eficiencia y la transparencia en las contrataciones estatales, especialmente en un área tan sensible como la educación.
9 de febrero de 2026
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