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La empresa GAME S.A. deberá devolver más de $4 millones al fisco bonaerense tras una polémica redeterminación de precios en la obra 'Casa de Provincia-Municipalidad de Magdalena'. Una jugada que revela la lupa sobre los gastos estatales y enciende las alarmas en el sector de la construcción.
Una bomba estalló en el sector de la obra pública bonaerense. El Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, a través del Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos, puso la mira en la empresa GAME S.A. tras una auditoría de redeterminación de precios para la construcción de la 'Casa de Provincia-Municipalidad de Magdalena'. La medida, oficializada mediante la RESOLUCIÓN N° 20-SSOPMIYSPGP-2026 y el DECRETO N° 323/22, no solo aprueba el acuerdo definitivo de precios, sino que establece una deuda millonaria a favor del Estado.
Originalmente, se habían abonado $107.274.965,87 en concepto de ajustes provisorios. Sin embargo, la redeterminación final fijó el monto reconocido en $103.116.019,57. La diferencia, un jugoso $4.158.946,30, ahora debe ser reintegrada por GAME S.A. al Banco Provincia. La resolución es tajante: si la empresa no deposita la suma en un plazo máximo de 45 días, se afectarán las garantías y se intimará a la aseguradora. Si todo falla, la Fiscalía de Estado iniciará acciones judiciales, prometiendo un culebrón legal de alto voltaje.
Este episodio subraya la creciente fiscalización sobre los contratos de obra pública, buscando asegurar la transparencia y el uso eficiente de los fondos estatales. Para las empresas del rubro, la señal es clara: los márgenes de ajuste y las condiciones contractuales están bajo estricto escrutinio. Los contribuyentes, por su parte, ven cómo el Estado intenta recuperar fondos que considera indebidos, en un contexto económico de alta tensión.
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