¡Escándalo Millonario! Provincia Gasta Fortunas en Seguridad 'de Riesgo'

Una resolución explosiva del Boletín Oficial de la Provincia de Buenos Aires ha encendido las alarmas sobre el gasto público en seguridad. Se trata de la aprobación de una contratación directa a favor del Ministerio de Seguridad provincial para el servicio de Policía Adicional (POL.AD) destinado a las Delegaciones I y III del Ministerio de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica. Lo que realmente impacta es el monto: más de $164 millones de pesos para el período que va desde la firma del contrato hasta el 30 de junio de 2026, con una opción de prórroga y ampliación del 100% que podría duplicar la cifra.

El Polémico Aumento del 50%

El corazón de la controversia radica en el incremento del cincuenta por ciento (50%) en el valor de la hora/hombre del servicio. Este aumento se justifica, según el texto oficial, por la "mayor responsabilidad y peligrosidad en la tarea desplegada en las dependencias de nuestra Cartera Ministerial". El valor de la hora de servicio de Categoría 1, incrementada por riesgo, asciende a $6.608,05. Este movimiento se ampara en el Decreto N° 545/2022, que reglamenta el “Régimen de Policía Adicional” y permite tales ajustes ante "dificultades de cobertura, nivel de peligrosidad, riesgo u otros factores debidamente justificados".

Las razones esgrimidas por el Ministerio de Producción para justificar esta "mayor peligrosidad" incluyen la "puesta en valor de los edificios, tales como obras de infraestructura y mejoras edilicias, en la adquisición de distintos bienes patrimoniales de valor (equipos informáticos y vehículos, entre otros)". Es decir, se invirtió en mejoras, pero eso, paradójicamente, generó un mayor riesgo que justifica un gasto millonario extra en seguridad.

¿Impacto en el Bolsillo Ciudadano?

Esta medida, aunque administrativa, tiene un impacto directo en el bolsillo de los contribuyentes bonaerenses, quienes son los que, en última instancia, financian este gasto. La transparencia y la justificación de estos montos son cruciales. Surge la pregunta: ¿es la "mayor peligrosidad" un argumento sólido para un incremento tan significativo, o estamos ante una forma de engrosar partidas presupuestarias en un contexto de austeridad?

Para el ciudadano común: Es fundamental que se exija claridad sobre cómo se evalúa y comprueba esta "peligrosidad" y si el gasto de $164.639.565,75 es la manera más eficiente de proteger los bienes y al personal público. Estar atento a futuras prórrogas o ampliaciones es clave para seguir el rastro de este dinero.

"A solicitud del requirente del Servicio, el monto podrá incrementarse en un cincuenta por ciento (50 %) ante dificultades de cobertura del mismo por nivel de peligrosidad, riesgo u otros factores debidamente justificados por el requirente." — Decreto N° 545/2022