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El Servicio Penitenciario Bonaerense lanza una licitación privada por $382 millones para adquirir esposas de sujeción, generando debate sobre el uso de la fuerza y las condiciones carcelarias en la provincia.
En una controvertida movida, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos ha autorizado una Licitación Privada (N° 1/2026) para la adquisición de esposas de sujeción mecánica por un monto estimado de $382.381.250. El destino: la Dirección General de Seguridad del Servicio Penitenciario Bonaerense. Esta compra, que se tramitará íntegramente a través del Sistema de Compras Electrónicas (PBAC), ha encendido las alarmas sobre el equipamiento de las fuerzas de seguridad y las implicaciones en los derechos humanos.
La justificación oficial apunta a la necesidad de equipar adecuadamente al personal penitenciario. Sin embargo, la cifra millonaria y el tipo de insumo (esposas de sujeción) inevitablemente abren el debate sobre las condiciones de detención y el uso de la fuerza en las cárceles bonaerenses. El plazo de entrega es de 45 días corridos desde la formalización del contrato, lo que indica una necesidad urgente de estos elementos.
El proceso de compra se realizará bajo la Ley N° 13.981, que regula el Subsistema de Contrataciones del Estado. Una Comisión de Preadjudicación, conformada en enero de 2025, será la encargada de evaluar las ofertas. Se ha dejado constancia de que no existe "desdoblamiento" de contrataciones, es decir, no se está dividiendo una compra mayor en varias más pequeñas para evitar controles, aunque se reconocen otras contrataciones de "igual rubro comercial" pero con "diferentes propósitos". Este detalle es crucial para la transparencia del gasto público.
"La seguridad en nuestras unidades penitenciarias es una prioridad. Este equipamiento es fundamental para el control y la gestión de la población carcelaria, siempre respetando los protocolos establecidos", argumentó un vocero del Ministerio, intentando calmar las aguas ante posibles críticas.
La adquisición de este tipo de elementos, si bien puede ser vista como una necesidad operativa, también es un recordatorio de los desafíos constantes que enfrenta el sistema penitenciario argentino en cuanto a infraestructura, personal y, sobre todo, el respeto a los derechos de las personas privadas de su libertad. La sociedad civil y los organismos de derechos humanos estarán atentos a cómo se implementa esta compra y, más importante aún, cómo se utilizan estos dispositivos.
