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El Ministerio de Seguridad y el Ministerio Público bonaerense firman un convenio de coordinación interinstitucional para reforzar la custodia y seguridad en las dependencias de este último. ¿Se viene un gasto extra en tiempos de ajuste o es una medida necesaria?
Una nueva resolución sacude los pasillos de la administración pública bonaerense: el Ministerio de Seguridad y el Ministerio Público de la Provincia de Buenos Aires han sellado un Convenio de Coordinación Interinstitucional que promete cambiar el panorama de la seguridad en los edificios judiciales. La Resolución N° 559-MSGP-2026, con fecha del 18 de marzo de 2026, aprueba este acuerdo que tiene como objetivo principal regular los requerimientos y la asignación de personal policial destinado a la custodia y seguridad en los inmuebles donde funcionan las dependencias del Ministerio Público.
Este convenio, que ha contado con la intervención de la Asesoría General de Gobierno, la Contaduría General de la Provincia y la Fiscalía de Estado, busca optimizar el despliegue de recursos policiales en un área crítica. Si bien la medida se presenta como una necesidad para garantizar la integridad de las instituciones y sus trabajadores, no se especifica el costo asociado a esta reasignación de personal, lo que podría generar suspicacias en un contexto de austeridad. Para el ciudadano común, esto implica una mayor presencia policial en edificios públicos clave, con la esperanza de una mejora en la seguridad, pero también la duda sobre el impacto en la disponibilidad de efectivos para otras tareas de seguridad ciudadana. La Ley N° 15.477 es el marco legal que confiere las atribuciones para esta medida. Estar atentos a futuras publicaciones que detallen el presupuesto asignado será crucial.
