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El Instituto de Previsión Social (IPS) bonaerense desata una ofensiva para recuperar fondos adeudados por jubilaciones y pensiones, con cifras que superan los $7 millones, e impone inhibiciones de bienes. A la vez, resuelve casos complejos de beneficios póstumos y reconoce 'servicios insalubres', generando un cimbronazo en el bolsillo de herederos y exfuncionarios.
El Boletín Oficial de la Provincia de Buenos Aires ha revelado una serie de resoluciones del Instituto de Previsión Social (IPS) que ponen en jaque a jubilados, pensionados y sus herederos. La entidad previsional no se anda con chiquitas y avanza con la recuperación de deudas millonarias, mientras define situaciones complejas de beneficios póstumos.
En un giro drástico, el IPS ha actualizado y exigido el pago de una deuda de más de $7.8 millones a los herederos del fallecido jubilado Carlos Alberto BARTOLETTI, bajo amenaza de iniciar acciones ejecutivas. Pero eso no es todo: se han dictado inhibiciones generales de bienes sobre exbeneficiarios que percibieron haberes indebidamente. Entre los afectados se encuentran Eduardo Adolfo BARALES, con una deuda de $743.249,70; Julia Esther QUINTANA, con una suma que asciende a $1.364.016,92; y Alicia María FERNANDEZ, con un cargo deudor de $308.590,23. Estas medidas cautelares, anotadas en el Registro de la Propiedad Inmueble, buscan asegurar el cobro de los créditos del Estado, generando un fuerte impacto en el patrimonio de los involucrados.
La entidad también ha resuelto casos de reconocimiento de beneficios jubilatorios y pensionarios a personas que fallecieron durante el trámite. Tal es el caso de Jorge Luis CALOIA, cónyuge supérstite de Mirta Olga BARBARA, a quien se le reconoció una pensión del 60% retroactiva hasta su propio deceso. Similarmente, a Liliana Emilia BRANDO se le reconoció una jubilación ordinaria del 75% hasta la fecha de su fallecimiento. En ambos casos, las sumas resultantes se declaran de legítimo abono a sus herederos, que deberán acreditar su condición legal.
Pero la resolución que más ruido hace es la que reconoce los "servicios insalubres" de Romina Antonela RONCHI, quien se desempeñó como Médico Residente y Jefe en enfermería de cuidados críticos. Si bien se le reconoce el derecho previsional, el IPS le intima a pagar una escandalosa deuda por aportes personales y contribuciones patronales no efectuadas, que asciende a $10.006.103,64 y $7.504.577,73 respectivamente, con intereses de financiación. Si no paga o propone un plan en 10 días, se inician acciones legales. Esto sienta un precedente para profesionales de la salud con historiales similares, obligándolos a regularizar grandes sumas para acceder a sus beneficios.
El IPS está demostrando que no dudará en usar todas las herramientas legales a su disposición para proteger el sistema previsional, lo que implica un mayor control y exigencia sobre los beneficiarios y sus sucesores.
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