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El Instituto de Previsión Social de la Provincia de Buenos Aires se encuentra bajo los reflectores por una serie de resoluciones que revelan desde el reconocimiento de pensiones a beneficiarios ya fallecidos hasta la exigencia de devolver sumas millonarias por cobros indebidos, dejando al descubierto la compleja burocracia y los desafíos financieros del sistema.
El Boletín Oficial destapa hoy las intrincadas realidades del sistema previsional bonaerense, revelando cómo el Instituto de Previsión Social (IPS) navega entre la justicia tardía para algunos y la mano dura para otros. En un caso que roza lo insólito, la Resolución N° 32271 reconoce a Loreto SCENNA (DNI 93.129.647) el derecho a una pensión de su cónyuge, Beatriz Haydee ALVAREZ, ¡después de que el propio SCENNA también falleciera! Las sumas resultantes se declararán de legítimo abono a sus herederos, un giro dramático que subraya la lentitud de los trámites.
En la misma línea, la Resolución N° 33.602 aborda el caso de Claudia Ivana AHUMADA (DNI 16.178.501), a quien se le reconoce el derecho a una jubilación ordinaria y, tras su fallecimiento, se otorga una pensión a su cónyuge supérstite, Juan Marcelo MONTEAGUDO (DNI 14.517.128). La resolución detalla el cálculo de haberes, incluyendo servicios en colegios privados y la Dirección General de Cultura y Educación, y un reajuste jubilatorio sin efectos patrimoniales. Estos casos, aunque individuales, pintan un cuadro de burocracia y demoras en la gestión de beneficios vitales.
Pero la noticia más impactante llega con la Resolución N° 35050, que declara un cargo deudor estratosférico de $42.383.790,10 contra Mirta Graciela DEL VALLE, por haber percibido haberes de jubilación de forma indebida entre el 01/02/2021 y el 03/02/2025. El IPS no solo exige la devolución, sino que rechaza su propuesta de pago del 5% y afecta directamente el 20% de sus haberes jubilatorios hasta la cancelación total de la deuda. ¡Un golpe durísimo para cualquier jubilado! Este caso, junto con la notificación al Sr. Moralejo, Norberto Ventura (DNI 5.049.985) de una inhibición general de bienes por una deuda de $383.096,05, envía una señal clara de que el IPS está recuperando cada centavo presuntamente mal pagado, una medida que podría generar controversia y debate sobre la flexibilidad del sistema para los ciudadanos. Finalmente, la Resolución N° 35322 reconoce los servicios insalubres de Rosa Beatriz KITAGAWA como médica residente y concurrente, permitiendo el cómputo de esos años para fines previsionales tras la cancelación de una deuda de aportes personales y contribuciones patronales que asciende a más de 16 millones de pesos, demostrando que el reconocimiento de derechos también implica saldar cuentas con el Estado. Los ciudadanos deben estar atentos a sus expedientes y cualquier notificación del IPS, ya que las consecuencias pueden ser millonarias.
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