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El IPS de Buenos Aires detecta un 'error de hecho' en la pensión de Rosa Mastellone y le exige el reintegro de $464.405,29 por haberes abonados de más. ¿Quién paga el pato por los errores del Estado?
Una noticia que sacude al sistema previsional bonaerense y enciende las alarmas: el Instituto de Previsión Social (IPS) de la Provincia de Buenos Aires acaba de emitir una resolución que revoca parcialmente un beneficio ya otorgado, generando una deuda millonaria para una jubilada. Se trata del caso de Rosa Mabel Mastellone, a quien se le reconoció el derecho a la pensión, pero ahora se le reclama la devolución de una suma considerable.
Según la Resolución N° 40.323, el problema se originó en la anterior Resolución N° 39.529, con fecha del 23 de diciembre de 2025 (sí, ¡una resolución con fecha futura!), donde se omitió consignar la forma de recupero de una deuda. Este 'error de hecho', como lo denomina el propio IPS, implica que Mastellone recibió haberes en demasía por la impactante suma de $464.405,29 entre el 10 de mayo de 2022 y el 30 de agosto de 2023.
La medida es contundente: el IPS intima a los derechohabientes a cancelar esta deuda o a celebrar un convenio de pago en un plazo de tan solo veinte (20) días. De no hacerlo, advierten con la aplicación de intereses moratorios y el inicio de acciones legales, que incluyen la confección de un título ejecutivo para el recupero compulsivo. Para quienes opten por el pago, se ha dispuesto una cuenta específica en el Banco Provincia de Buenos Aires.
Este caso no solo resalta la burocracia y los posibles fallos en la administración pública, sino que también pone en el centro de la escena la vulnerabilidad de los jubilados frente a errores administrativos. ¿Es justo que un beneficiario deba afrontar las consecuencias de un error del propio organismo estatal? La resolución permite la interposición de un recurso de revocatoria en el plazo de veinte días, una chance para que Mastellone y su familia intenten revertir esta situación que, sin dudas, genera gran preocupación y un fuerte impacto económico. La ciudadanía debe estar atenta a estos precedentes, ya que los errores administrativos pueden costar muy caro.
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