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La Dirección Nacional de Vialidad castiga con una avalancha de sanciones a la concesionaria del Corredor Vial N° 18. Baches, banquinas agrietadas e índices de estado calamitosos en las Rutas Nacionales 14, 117 y 135 ponen en jaque la seguridad vial y desatan un debate sobre el riesgo empresario y los fondos públicos.
La Dirección Nacional de Vialidad (DNV) ha lanzado un mazazo financiero contra CAMINOS DEL RÍO URUGUAY S.A., la empresa responsable de la concesión del vital Corredor Vial N° 18, que incluye tramos de las Rutas Nacionales 14, 117 y 135. Una serie de resoluciones publicadas hoy revelan la imposición de multas que ascienden a la friolera de 1.268.911 Unidades de Penalización por graves y reiterados incumplimientos en el mantenimiento de las calzadas y banquinas.
Los expedientes detallan un panorama desolador para los usuarios de estas arterias clave. Las infracciones van desde un "Índice de Estado Característico (IE)" y un "Índice de Serviciabilidad Presente (ISP)" muy por debajo de los valores contractuales exigidos, hasta la presencia de "baches descubiertos" en la Ruta Nacional N° 117 y "fisuras en banquinas pavimentadas" en la Ruta Nacional N° 14. Estos problemas, según Vialidad, no solo afectan el confort y la estética, sino que representan un peligro real para la seguridad vial, aumentando la inestabilidad en la conducción y la probabilidad de accidentes, especialmente con pavimento mojado.
Aquí un desglose de las principales sanciones:
CAMINOS DEL RÍO URUGUAY S.A. intentó defenderse con argumentos económicos, alegando que la DNV no cumplió con el ajuste de tarifas conforme a la variación de precios, la obligación de renegociar el contrato y el derecho de la empresa al 50% del valor de las obras. Sin embargo, la DNV fue categórica en su rechazo, presentando pruebas de múltiples ajustes tarifarios a lo largo de los años para mantener la ecuación económico-financiera de la concesión y la existencia de un "Recurso de Afectación a Obras (RAO)" para financiar mejoras, del cual la empresa siguió recibiendo fondos.
Además, Vialidad Nacional señaló que la propia concesionaria inició una acción judicial de amparo en marzo de 2022, solicitando la rescisión del contrato, lo que dificultó cualquier proceso de renegociación. La DNV advirtió que anular las penalidades implicaría un "doble beneficio" para la empresa: no pagar por el incumplimiento y seguir recibiendo ingresos por ajustes tarifarios sin haber realizado las inversiones proyectadas.
"Si la penalidad fuera anulada, la Concesionaria podría beneficiarse económicamente de un doble beneficio: por un lado, al no abonar la penalidad, y por otro, al recibir ingresos derivados de los ajustes tarifarios aprobados." – Extracto de los considerandos de las resoluciones.
Para el ciudadano común, estas multas son una confirmación de que el estado de las rutas concesionadas está siendo monitoreado y que el incumplimiento tiene consecuencias. Sin embargo, la persistencia de las deficiencias, algunas que datan de 2017, demuestra que el proceso de control y sanción es lento. La seguridad vial es un tema crítico, y la falta de mantenimiento adecuado en tramos de rutas nacionales representa un riesgo constante para quienes transitan por ellas. Es fundamental que estas penalidades se traduzcan en mejoras concretas y rápidas en la infraestructura.
Para estar informado sobre futuras actualizaciones y el estado de las rutas, se recomienda seguir los canales oficiales de la Dirección Nacional de Vialidad y de los organismos de control de servicios públicos.
29 de octubre de 2025
23 de febrero de 2026
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