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Una avalancha de decretos sacude los cimientos del Estado argentino: se disuelven fondos fiduciarios millonarios, se reorganizan hospitales y se borran agencias de control. El objetivo: "eficiencia" y "déficit cero" a sangre y fuego.
El Poder Ejecutivo Nacional ha desatado una verdadera "motosierra" sobre la estructura del Estado, con una serie de decretos que disuelven, transforman y fusionan organismos clave. La justificación oficial es la "emergencia pública" y la búsqueda de "eficiencia", "transparencia" y "reducción del sobredimensionamiento estatal". Sin embargo, la magnitud de los cambios no deja de generar impacto y controversia.
El Decreto 463/2025 sentencia a muerte a tres fondos fiduciarios públicos que manejaban sumas millonarias y tenían injerencia en áreas vitales. El Fondo Fiduciario Federal de Infraestructura Regional (FFFIR), creado para financiar obras en provincias, es disuelto por su "muy baja" aplicación de recursos y "pérdidas significativas por exposición a la inflación". La Sindicatura General de la Nación (SIGEN) también detectó una estructura de personal que incumplía la ley. El Fondo Nacional del Manejo del Fuego, vital para combatir incendios, también cae por "irregularidades" en contrataciones de personal (62 personas en 2022, 56 en 2023 sin constancia de entregables), demoras en compras de autobombas y "dificultades para establecer la integridad de pagos" por servicios aéreos. Finalmente, el Fondo Nacional de Desarrollo Productivo (FONDEP), antes FONDEAR, que buscaba financiar proyectos estratégicos, es liquidado por falta de estados contables y "debilidades en el sistema de monitoreo". El Ministerio de Economía asumirá la continuidad de contratos y convenios de estos fondos, prometiendo una gestión más ajustada.
Los Decretos 460/2025 y 459/2025 golpean de lleno al sistema de salud. El primero elimina la facultad de constituir los Servicios de Atención Médica Integral para la Comunidad (SAMIC) y disuelve las Delegaciones Sanitarias Federales, acusadas de ineficacia y acumulación de deudas provinciales. El mensaje es claro: menos intervención central y más descentralización hacia las provincias.
Pero el golpe más resonante llega con la fusión de CINCO hospitales nacionales emblemáticos: el Hospital Nacional “Dr. Baldomero Sommer”, el Hospital Nacional “Prof. Alejandro Posadas”, el Hospital Nacional y Comunidad “Dr. Ramón Carrillo”, el Instituto Nacional de Rehabilitación Psicofísica del Sur “Dr. Juan Otimio Tesone” (INAREPS) y el Hospital Nacional en Red Especializado en Salud Mental y Adicciones “Lic. Laura Bonaparte”. Todos ellos se integrarán en una nueva Administración Nacional de Establecimientos de Salud (ANES), un organismo descentralizado bajo la órbita del Ministerio de Salud. La meta es "optimizar el uso de los recursos públicos, reducir costos administrativos y mejorar la calidad de la gestión sanitaria". Sin embargo, la centralización de la gestión de estos gigantes de la salud genera inquietud sobre la continuidad operativa y la atención a los pacientes, aunque el decreto insiste en que no se afectará la especialización ni la asistencia.
Además, el Instituto Nacional de Prevención, Diagnóstico, Tratamiento e Investigación de Enfermedades Cardiovasculares, un organismo que nunca llegó a funcionar desde su creación en 2015, es disuelto. Y el Instituto Nacional del Cáncer es transformado en una "unidad organizativa" dentro del Ministerio de Salud, perdiendo su estatus de organismo descentralizado. Sus funciones esenciales se mantendrán, pero bajo una estructura ministerial más rígida.
El Decreto 461/2025 trae un terremoto al sector del transporte y la infraestructura vial. La icónica Dirección Nacional de Vialidad (DNV), la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) y la Comisión Nacional del Tránsito y la Seguridad Vial son disueltas. Las funciones de planificación vial, licitaciones y control de concesiones se reasignan al Ministerio de Economía, y la Gendarmería Nacional Argentina asumirá el control de infracciones en rutas nacionales, un cambio que genera dudas sobre la capacidad operativa y la especialización en seguridad vial.
La Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT) es reorganizada y renombrada como "Agencia de Control de Concesiones y Servicios Públicos de Transporte", asumiendo la fiscalización de concesiones viales y accidentes ferroviarios. En tanto, la Junta de Seguridad en el Transporte se transforma en la "Agencia de Investigación de Accidentes e Incidentes de Aviación", limitando drásticamente su alcance a la aviación civil, y eliminando sus competencias en transporte automotor, marítimo y fluvial. La consigna es "racionalización del gasto público" y "eficiencia administrativa", pero el sector se pregunta si este desguace no afectará la seguridad y la calidad de la infraestructura y los servicios.
El Decreto 462/2025 representa un golpe demoledor a la regulación y promoción de sectores clave de la economía. Cuatro organismos son directamente disueltos: la Agencia Regulatoria de la Industria del Cáñamo y del Cannabis Medicinal (ARICCAME), el Instituto Nacional de la Agricultura Familiar, Campesina e Indígena (INAFCI), el Instituto Nacional de Semillas (INASE) y la Comisión Nacional de Semillas. Sus funciones se atomizan o se transfieren a distintas secretarías del Ministerio de Economía, con una clara orientación a la desregulación y la simplificación de procesos. La ARICCAME, por ejemplo, es desmantelada porque su estructura "no se condice con la eficiencia requerida", a pesar de contar con solo 7 agentes. El INAFCI, con 930 agentes, es disuelto por "utilización discrecional de recursos públicos" y falta de rendición de cuentas. El INASE, por "deficiencias sustantivas" en sus funciones.
Pero la "reingeniería" no termina ahí. El Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV), el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) y el Instituto Nacional de la Propiedad Industrial (INPI) son transformados en meras "unidades organizativas" dependientes del Ministerio de Economía. Si bien mantendrán sus denominaciones y funciones esenciales, perderán la autarquía y su capacidad de decisión se verá subsumida en la estructura ministerial. El INTI, por ejemplo, es criticado por su "crecimiento de su dotación de personal sin correspondencia con el aumento de los servicios" y un "sobredimensionamiento" de sus áreas de apoyo. El INPI, por su parte, busca "simplificar el trámite de registro a favor del administrado".
Finalmente, el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), un pilar de la investigación y extensión rural con 6.059 agentes y 932 cargos jerárquicos, es degradado a organismo desconcentrado de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca. La SIGEN detectó "deficiencias sustantivas" en el seguimiento de convenios, "funcionamiento deficiente" y "incumplimientos reiterados" en el control de Asociaciones Cooperadoras. Su conducción ahora estará a cargo de un Presidente con rango de Secretario, asistido por un Consejo Técnico ad honorem.
La magnitud de estos cambios es inédita y reconfigura la relación entre el Estado y vastos sectores de la economía y la sociedad. La apuesta es a una gestión más "ágil" y "transparente", con menos burocracia y un fuerte énfasis en la reducción del gasto público. Sin embargo, los críticos advierten sobre la pérdida de capacidad técnica, la atomización de políticas públicas y el riesgo de desfinanciamiento de áreas estratégicas. El futuro dirá si esta purga estatal logra la prometida eficiencia o si, por el contrario, genera un vacío que impacte negativamente en los ciudadanos.
12 de enero de 2026
19 de febrero de 2026
18 de febrero de 2026
