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Una enfermera becaria del Ministerio de Salud bonaerense logró que se le reconozcan años de servicio para su jubilación, destapando una deuda millonaria en aportes y sentando un precedente clave para miles de trabajadores en similar situación.
¡Un fallo que sacude los cimientos previsionales de la Provincia! El Instituto de Previsión Social (IPS) bonaerense acaba de convalidar una decisión que podría abrir una verdadera caja de Pandora y generar un aluvión de reclamos millonarios. Se trata del reconocimiento de servicios a Sandra Miriam BISCEGLIA, una enfermera que trabajó bajo la polémica modalidad de 'becaria asistencial' en el Ministerio de Salud entre el 15 de octubre de 1996 y el 31 de diciembre de 1998.
Durante años, miles de profesionales en el ámbito público provincial fueron contratados bajo la figura de 'becarios', una modalidad que, según el Decreto N° 5725/89, no configuraba relación de empleo público. Esto significaba, en la práctica, que no tenían los mismos derechos laborales y, crucialmente, no se les realizaban los aportes previsionales correspondientes. Sin embargo, en el caso de BISCEGLIA, el IPS, basándose en informes del propio Ministerio de Salud y en la doctrina sentada por el Máximo Tribunal Provincial en la causa “Pisano, Juan José”, determinó que sí existió una relación de dependencia y, por ende, sus servicios deben ser reconocidos a los fines jubilatorios.
Este dictamen no es menor. Implica que el Estado provincial deberá asumir responsabilidades por años de precarización laboral. En el caso de BISCEGLIA, se liquidó una deuda de $1.925.846,87 en concepto de aportes personales (ya cancelados por ella) y $1.444.385,15 por contribuciones patronales no efectuadas. La resolución ahora ordena al Departamento de Gestión de Deudas No Corrientes a intervenir por la parte patronal. La tasa de interés para estos cálculos se fijó en un 6% anual.
'La vinculación existente entre el becario y el Estado Provincial, no configura relación de empleo público...', reza el art. 6 del Decreto N° 5725/89, una cláusula que ahora queda en jaque por la realidad de la subordinación laboral. Esta contradicción entre la normativa formal y la realidad laboral de hecho es el corazón de la disputa.
Este fallo es un golpe sobre la mesa para la administración pública, que deberá revisar miles de situaciones similares. Para los ciudadanos comunes, esto significa una esperanza para aquellos que, bajo la figura de becarios o contratos similares, vieron sus derechos previsionales vulnerados. Es una victoria para la justicia laboral y un recordatorio de que las formas contractuales no pueden encubrir una relación de trabajo real. La lupa ahora estará puesta en cuántos expedientes más seguirán este camino y el impacto real en las arcas provinciales. Para estar informado, se recomienda seguir de cerca las resoluciones del IPS y las acciones de los gremios de salud.
