Recibe los análisis más provocadores del Boletín Oficial. No es una newsletter, es un manifiesto diario.
Nos tomamos en serio tu privacidad. No compartiremos tu información.
Un edicto del Tribunal Fiscal de la Nación revela la distribución de abultados honorarios legales en un caso de apelación contra la DGA. ¿Quién salió victorioso y quién deberá desembolsar una fortuna para cubrir los costos judiciales? Un vistazo a las finanzas de la justicia que impacta directamente en el bolsillo de los litigantes.
¡Atención, contribuyentes! El Tribunal Fiscal de la Nación, en su Sala G, acaba de hacer público un fallo que, si bien es específico, sienta un precedente escalofriante sobre los costos de litigar contra el Estado. En el expediente “ALCARAZ HECTOR DIMAS Y OTRO C/DGA S/ RECURSO DE APELACION” (Expte. N° 21.839-A), se regularon los honorarios de los abogados intervinientes, revelando sumas que harían temblar a cualquiera.
La resolución, fechada el 30 de octubre de 2024, detalla con precisión quién debe pagar qué. Por un lado, el Dr. Alfredo Ernesto Abarca recibirá $25.600 y el Dr. Juan Luciano Abarca $65.700, honorarios que, ¡atención!, serán cubiertos por la parte demandada, es decir, la Dirección General de Aduanas (DGA). Esto indica una victoria parcial o total para los coactores en esas etapas del proceso.
Pero la historia no termina ahí. La parte actora, conformada por Héctor Dimas Alcaraz y Transportes Panazzolo Limitada, deberá afrontar los honorarios de la representación fiscal. El Dr. Hernán M. Iampolsky percibirá $136.800 y la Dra. Daiana Soledad Conde $136.752,75. Esto demuestra que, incluso en litigios complejos, las costas pueden dividirse de manera que ambas partes terminen pagando.
Una de las cláusulas más impactantes es la que establece que, si los profesionales beneficiarios de estos emolumentos acreditan ser responsables inscriptos en el Impuesto al Valor Agregado (IVA), se deberá adicionar la alícuota correspondiente a dicho tributo, y este recargo también correrá por cuenta de la parte condenada en costas. Esto significa que la factura final puede ser considerablemente más alta de lo que parece a primera vista, un verdadero golpe al bolsillo.
Este edicto, publicado el 19 de diciembre de 2024 y con vigencia hasta el 20 de diciembre de 2024, es un recordatorio brutal de la complejidad y el costo de los procesos judiciales en materia fiscal. Para ciudadanos comunes y empresas, es una señal de alerta: litigar contra el Estado en temas fiscales no es un juego y los costos pueden ser exorbitantes. Es fundamental estar bien asesorado y preparado para las implicaciones financieras que pueden derivarse de cada etapa del proceso.
25 de noviembre de 2025
18 de agosto de 2025
23 de febrero de 2026
