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El Boletín Oficial revela una serie de movimientos clave en el personal estatal, con designaciones transitorias y extensiones de funciones en Justicia, Seguridad y la Procuración del Tesoro. ¿Continuidad o ajustes en la interna del poder?
La burocracia estatal sigue su marcha con una serie de movimientos de personal que confirman la dinámica de la administración pública. Tres disposiciones recientes detallan nombramientos y prórrogas que, aunque rutinarias, son el engranaje del funcionamiento diario del Estado.
La Disposición 22/2025 del Ministerio de Justicia asigna transitoriamente al doctor Pablo GRASCHINSKY (D.N.I. N° 28.861.672) como Director de la Dirección de Programas y Proyectos Sectoriales y Especiales. Lo llamativo es que esta designación, efectiva desde el 20 de noviembre de 2024, se realiza con autorización excepcional, ya que Graschinsky no cumple con todos los requisitos del Convenio Colectivo del SINEP. Viene del Ministerio de Economía, lo que sugiere un posible intercambio de cuadros o una necesidad urgente de cubrir el puesto.
Por otro lado, la Resolución 160/2025 del Ministerio de Seguridad prorroga designaciones transitorias hasta el 31 de octubre de 2024 para varios agentes. Esta medida, justificada por la imposibilidad de tramitar procesos de selección, asegura la continuidad operativa en un área crítica como la seguridad nacional. Finalmente, la Resolución 4/2025 de la Procuración del Tesoro de la Nación designa transitoriamente a la doctora Josefina Uria (D.N.I. N° 35.333.512) como Subdirectora Nacional de Dictámenes por 180 días hábiles a partir del 1° de enero de 2025. Al igual que en Justicia, esta designación también es excepcional, respecto a las normativas vigentes. Estas decisiones, aunque no generan cambios drásticos, son esenciales para el funcionamiento de los ministerios y reflejan la gestión de recursos humanos en un contexto de transición y ajuste.
