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La maquinaria estatal no para: entre subrogancias estratégicas y *jugosas* bonificaciones, el Boletín Oficial revela los movimientos internos que reafirman la continuidad administrativa, aunque con alguna que otra *excepción llamativa*.
La Jefatura de Gabinete y el Ministerio de Justicia han movido sus fichas con nombramientos transitorios que, aunque rutinarios, no dejan de generar debate. Por un lado, la Licenciada María Alejandra SCHIEL (DNI 25.029.386) fue designada como Directora de Recursos Humanos de la Agencia Nacional de Promoción de la Investigación, el Desarrollo Tecnológico y la Innovación, asumiendo el 1º de noviembre de 2024 por un período de TRES (3) años. Una subrogancia que, en tiempos de supuesta austeridad, garantiza la estabilidad en un puesto clave.
Por el otro, el Ministerio de Justicia designó al Licenciado Alejandro Gabriel URROZ (D.N.I. Nº 13.232.478) como Director Nacional de Coordinación Estratégica y Planificación Federal, con una particularidad que enciende las alarmas: se le concedió una excepción al requisito de ingreso a la administración pública que prohíbe nombrar a personas con edad jubilatoria o que ya gozan de un beneficio previsional (Ley Nº 25.164, artículo 5º, inciso f). Esta dispensa, que rige desde el 15 de agosto de 2024 por 180 días hábiles, abre un interrogante sobre la meritocracia y la transparencia en las designaciones.
En un giro más bien administrativo, la Comisión Nacional Antidopaje delegó transitoriamente las funciones de Tesorería a la Coordinación de Contabilidad, a cargo de la Sra. Pía Solana Planas Bathiche (DNI 35.313.838). Esta medida de emergencia busca asegurar la operatividad tras la renuncia del Tesorero saliente, Juan Pablo Gonzalez Fernandez (DNI 27.071.240). Además, el Registro Nacional de las Personas (RENAPER) premió a su personal de planta permanente con la Bonificación por Desempeño Destacado correspondiente a las funciones ejecutivas del período 2021. Un reconocimiento que, si bien está contemplado, siempre genera controversia en el contexto de la gestión de los recursos del Estado.
Estos movimientos, aunque específicos de la burocracia estatal, reflejan las complejidades y las decisiones detrás de la administración de personal en el sector público, donde la continuidad, las excepciones y los incentivos económicos son parte del día a día.
