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Un DNU explosivo pone punto final a la Ley 26.160, que congelaba los desalojos en tierras supuestamente ocupadas por comunidades indígenas. La medida busca restaurar la 'seguridad jurídica' y el derecho a la propiedad, pero enciende la alarma en los pueblos originarios.
El Poder Ejecutivo Nacional ha sacudido el tablero con el Decreto 1083/2024, que deroga el Decreto Nº 805/21 y, con él, declara el fin de la emergencia en materia de posesión y propiedad de las tierras que tradicionalmente ocupan las comunidades indígenas. Esta emergencia, establecida por la Ley N° 26.160 en 2006, había suspendido la ejecución de sentencias de desalojo por dieciocho años, un plazo que el gobierno actual considera "irrazonable" e "insostenible".
La medida es un golpe de timón que impacta directamente en las comunidades indígenas y en los propietarios de tierras. Para los pueblos originarios, significa la finalización de la suspensión de desalojos, lo que podría abrir la puerta a conflictos territoriales y procesos judiciales que estaban paralizados. El Gobierno argumenta que la prórroga de la ley generó "inseguridad jurídica" y "grave afectación al derecho de propiedad" de los legítimos dueños, además de limitar las actividades productivas y el derecho de disposición sobre los bienes.
El decreto critica duramente el "uso abusivo, subjetivo y discrecional" del reconocimiento de comunidades indígenas, señalando un incremento notorio de inscripciones, llegando a 1626 comunidades reconocidas, y un "mapa de conflictos cuantificable en al menos 254 hechos judicializados". Se menciona explícitamente el conflicto en el sur del país, con "toma de tierras y graves daños ambientales, sobre todo con incendios intencionales".
El Gobierno se apoya en el artículo 17 de la Constitución Nacional, que garantiza la inviolabilidad de la propiedad privada, y el artículo 124, que reconoce el dominio de los recursos naturales a las provincias. La derogación se presenta como un paso fundamental para "atraer las inversiones necesarias para el verdadero bienestar del país" y "pacificar los conflictos latentes o activos".
Para los ciudadanos comunes, la medida busca restablecer la "seguridad jurídica" y garantizar el derecho de propiedad, que según el decreto, se vio "cercenado" durante casi dos décadas. Sin embargo, la derogación inmediata de la emergencia, sin un marco alternativo para la regularización territorial indígena, podría generar un vacío legal y recrudecer la tensión en zonas de conflicto. El DNU deberá ser tratado por la Comisión Bicameral Permanente del Congreso, lo que anticipa un feroz debate político.
"Cada día que transcurre, la suspensión de desalojos se traduce no solo en una afectación al derecho de propiedad, sino también, en muchos casos, en mantener un desahucio de los legítimos propietarios."
¡Atención! Esta medida podría significar un antes y un después en la relación del Estado con los pueblos originarios y la tenencia de la tierra. Se recomienda a todas las partes afectadas buscar asesoramiento legal urgente y estar atentas a las próximas definiciones legislativas.
16 de enero de 2025
31 de octubre de 2025
23 de julio de 2025
