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El Gobierno desestima el recurso de un diplomático que exigía cobrar diferencias salariales retroactivas, sentando un precedente que podría afectar a otros funcionarios en la mira.
En un movimiento que resuena en los pasillos de la administración pública, el Gobierno Nacional, a través del Decreto 569/2025, ha rechazado de manera definitiva el recurso jerárquico interpuesto por el diplomático Gonzalo Adrián DANELA (D.N.I. N° 36.122.075). Danela, Secretario de Embajada y Cónsul de Segunda Clase, reclamaba el pago de diferencias salariales retroactivas a raíz de su promoción en el Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto.
El meollo del asunto radica en la interpretación de los efectos de una promoción. Si bien la Resolución N° 337/24 del Ministerio de Relaciones Exteriores dispuso que las promociones se considerarían a los efectos de la antigüedad a partir del 1° de enero de 2022, y “a todos los demás efectos” a partir del 1° de enero de 2024, Danela argumentó que esa última expresión excluía arbitrariamente las diferencias salariales, lesionando su derecho de propiedad.
La Procuración del Tesoro de la Nación ya había sentado un precedente en situaciones análogas: los efectos retroactivos de los ascensos son únicamente con respecto a la antigüedad para garantizar el derecho a la carrera. En cambio, los efectos económicos recién se producen a partir de la existencia o liberación de la vacante. Es decir, el derecho a percibir la remuneración de la nueva categoría nace con la vacante efectiva, sin retroactividad alguna. Este criterio, que busca evitar el desfinanciamiento y mantener la previsibilidad presupuestaria, fue el que primó en el rechazo del recurso de Danela.
Este decreto no es solo un revés para un funcionario, sino una declaración de principios por parte del Poder Ejecutivo. Subraya que las promociones no son automáticas ni garantizan derechos adquiridos a cobros retroactivos más allá de la antigüedad. En un contexto de austeridad y control del gasto público, esta medida se alinea con una gestión que busca optimizar los recursos estatales y evitar erogaciones no previstas o interpretaciones laxas de la normativa.
"No se han aportado en esta instancia nuevos elementos de juicio que ameriten la modificación del criterio sustentado", sentencia el decreto.
Para el ciudadano común, esto significa una mayor disciplina fiscal en la administración del Estado, aunque para los empleados públicos podría implicar una reevaluación de sus expectativas salariales en relación con los ascensos. Con esta decisión, la vía administrativa para Danela está agotada, dejándole expedita la acción judicial si decide continuar la batalla en los tribunales.
11 de agosto de 2025
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2 de febrero de 2026