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Mientras un parque solar reajusta su conexión, la provincia de Río Negro da un paso audaz para comercializar sus propias regalías energéticas, marcando una posible nueva era de autonomía provincial en el sector.
El sector energético no para de moverse, y los últimos avisos oficiales demuestran que tanto las empresas como las provincias están buscando reacomodar sus fichas. Por un lado, tenemos un ajuste técnico, y por otro, una movida estratégica que podría cambiar el juego para las arcas provinciales.
Primero, la Subsecretaría de Energía Eléctrica comunicó un cambio de punto de conexión al Sistema Argentino de Interconexión (SADI) para el Parque Solar Fotovoltaico Venado Tuerto VI, operado por Coral Consultoría en Energía S.A. Este parque de 5 MW, ubicado en Santa Fe, modificará su punto de conexión en la L.A.T 33 kV Venado Tuerto-San Eduardo. Si bien parece un trámite menor, estos ajustes son cruciales para la eficiencia y estabilidad del SADI, garantizando que la energía fluya sin problemas. Los agentes del Mercado Eléctrico Mayorista (MEM) tienen diez días para presentar objeciones, un plazo estándar para asegurar la transparencia.
Pero la noticia que realmente levanta polvareda es la solicitud de la Empresa de Desarrollo Hidrocarburífero Provincial Sociedad Anónima (E.D.HI.P.S.A.) para ser reconocida como Provincia Comercializadora de Regalías en Especie en representación de la Provincia de Río Negro. Esto no es un detalle menor. Si se aprueba, Río Negro podría tener un control directo sobre la venta de las regalías que recibe en forma de energía, en lugar de depender de terceros.
“Esta iniciativa podría potenciar los ingresos provinciales y dar una mayor autonomía en la gestión de recursos clave”, señalan analistas del sector.
Esta medida refleja una tendencia creciente de las provincias a asumir un rol más activo en la administración de sus recursos naturales y energéticos. La posibilidad de comercializar directamente estas regalías no solo implica un potencial beneficio económico, sino también una mayor capacidad de negociación y planificación estratégica para la provincia. Los interesados también tienen un plazo de diez días para presentar objeciones, un período de expectativa para una decisión que podría sentar un precedente importante en la relación entre el Estado nacional, las provincias y el mercado energético.
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