¡Golpe a la Armada! El Gobierno frena reclamos por reencasillamiento salarial

El Gobierno Nacional, a través de una serie de decretos firmados por el Presidente Milei y el Ministro de Defensa Luis Petri, ha propinado un duro golpe a los empleados civiles de la Armada Argentina. En una movida que sienta precedente, se rechazaron los recursos jerárquicos interpuestos por tres agentes que reclamaban haber sido mal reencasillados en sus categorías salariales y escalafonarias.

Los casos son emblemáticos:

• María Rosa DÍAZ MANRIQUE (DNI 17.511.344), quien con 34 años y 9 meses de antigüedad, reclamaba su encuadre. La Administración la mantuvo en Agrupamiento Técnico, Nivel IV, Grado 12.
• Lisandro Rafael Germán MEDED (DNI 23.053.041), con 14 años, 2 meses y 30 días de servicio, buscaba una mejor posición que su actual Agrupamiento Técnico, Nivel V, Grado 5.
• José Alberto FIGINI (DNI 11.521.451), con impresionantes 42 años, 5 meses y 30 días de antigüedad, fue confirmado en Agrupamiento Técnico, Nivel III, Grado 14.

Todos ellos argumentaron que sus funciones, experiencia y titulación no fueron correctamente valoradas al momento del reencasillamiento, que data de 2017 bajo el Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial para el Personal Civil y Docente Civil de las Fuerzas Armadas y de Seguridad (homologado por Decreto N° 2539/15). Sin embargo, el Ministerio de Defensa y la Presidencia, tras revisar los expedientes y la normativa vigente (especialmente los artículos 132 a 141 del Convenio), concluyeron que el encuadre fue correcto.

¿Qué significa esto para los empleados públicos?

Estos rechazos agotan la vía administrativa, dejando a los afectados con una única opción: la vía judicial. Tienen un plazo de 180 días hábiles judiciales para iniciar acciones. Este escenario es crucial, ya que miles de empleados públicos han pasado por procesos de reencasillamiento similares y muchos aún tienen dudas o reclamos pendientes. La decisión del Gobierno de no ceder en estos casos podría indicar una postura firme ante futuras demandas de ajuste de categoría.

La Oficina Nacional de Empleo Público y los servicios jurídicos de la Armada y el Ministerio de Defensa avalaron estas decisiones, lo que refuerza la idea de que la administración busca cerrar estos capítulos pendientes, posiblemente para evitar futuras erogaciones o para mantener la estructura escalafonaria tal como fue definida.