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La Oficina Nacional de Contrataciones elimina vías de contratación directa con universidades y efectores sociales, cerrando una puerta a la flexibilidad y priorizando la licitación pública.
Una decisión que sacude el tablero de las compras estatales y golpea a sectores clave. La Disposición 3/2025 de la OFICINA NACIONAL DE CONTRATACIONES (ONC) acaba de derogar los artículos 59 y 60 del Manual de Procedimiento del Régimen de Contrataciones, un movimiento que elimina de un plumazo las excepciones para la contratación directa con Universidades Nacionales y con Efectores de Desarrollo Local y Economía Social.
La normativa anterior permitía a organismos estatales contratar servicios o bienes de forma más ágil con universidades y entidades de la economía social, bajo el argumento de fomentar el desarrollo local y aprovechar la capacidad técnica de las instituciones académicas. Con esta derogación, el mensaje es claro: el Gobierno busca mayor transparencia y competitividad en las licitaciones, empujando a estos actores a competir en el mismo terreno que el resto de los proveedores privados mediante la licitación pública o el concurso público.
Esta medida es la culminación de una serie de decretos previos (N° 1091/24 y N° 1096/24) que ya habían modificado el Régimen de Contrataciones de la Administración Nacional, eliminando las causales de contratación directa específicas para estos grupos. Ahora, la ONC formaliza el cambio en su manual interno, cerrando definitivamente esa puerta.
Para las Universidades Nacionales, esto significa que proyectos de investigación, consultorías o capacitaciones que antes se podían adjudicar directamente, ahora deberán pasar por procesos licitatorios más complejos y largos. Para los efectores de desarrollo local y economía social, la situación es aún más delicada, ya que pierden una herramienta que les permitía acceder a contratos estatales y fomentar sus actividades productivas y de empleo.
Este cambio, si bien busca una mayor eficiencia y control del gasto público, podría generar tensiones en la relación entre el Estado y estos sectores, que ahora deberán adaptarse a un esquema de competencia más riguroso. La ONC, dependiente de la Jefatura de Gabinete, ha sido instruida por el Poder Ejecutivo para adecuar toda la normativa, y este es solo un paso más en esa dirección.
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