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El organismo de control desautoriza y cancela la inscripción de cinco entidades, incluyendo una de servicios públicos y consumo, una agropecuaria y una de crédito. ¿Qué pasa con los miles de asociados afectados?
El Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (INAES) ha sacudido el sector con una serie de resoluciones que cancelan la autorización para funcionar y la inscripción a varias cooperativas y mutuales en todo el país. Esta medida, publicada en el Boletín Oficial, genera incertidumbre y preocupación entre los miles de miembros de estas organizaciones, que ahora ven su futuro en el aire.
Entre las entidades que recibieron el golpe de gracia se encuentran:
Aunque los avisos no detallan las razones específicas de las cancelaciones, estas suelen deberse a incumplimientos recurrentes en la presentación de documentación, falta de actividad, o irregularidades en su funcionamiento. La ley 20.337 para cooperativas y 20.321 para mutuales establecen las causales para estas drásticas decisiones.
La cancelación de la matrícula o la desautorización para funcionar implica, en la práctica, la disolución de la entidad. Los asociados pierden los beneficios y servicios que estas brindaban, y se inicia un proceso de liquidación. Es un duro golpe para el modelo de la economía social, especialmente para las cooperativas de trabajo y las de servicios que cumplen un rol vital en sus comunidades.
Los afectados tienen la posibilidad de interponer diversos recursos administrativos (Revisión, Reconsideración, Aclaratoria, Alzada) en plazos que van desde los 5 hasta los 30 días hábiles, o incluso recurrir a la vía judicial. Para los ciudadanos, es fundamental verificar la situación legal de las cooperativas y mutuales con las que operan, para evitar sorpresas desagradables.
