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La Secretaría General de la Presidencia de la Nación destraba mercadería incautada en la Aduana y la entrega a municipios de Córdoba y Tucumán. ¿Un alivio para los más necesitados y la infraestructura local, o solo una gota en el océano?
En un acto que busca dar utilidad a lo que el Estado confisca, la Secretaría General de la Presidencia de la Nación ha dispuesto la cesión de bienes de rezago aduanero a dos comunas del interior. Por un lado, la Comuna de Villa El Chacay, en Córdoba, recibirá un camión marca JMC, modelo CARRYING, en "buen estado", con dominio GSLL32 y chasis N° LEFAECG25DHN17754. Este vehículo será destinado a tareas de mantenimiento y mejoramiento de la vía pública, una necesidad básica para cualquier localidad que busca progreso.
Por el otro, la Municipalidad de Bella Vista, Tucumán, se beneficiará con una partida de alimentos, artículos para la higiene personal, ropa de cama y de vestir, calzado y medicamentos. Estos bienes, de "primera necesidad", serán distribuidos entre familias en situación de vulnerabilidad social, buscando reforzar las políticas locales de asistencia.
Ambas cesiones se enmarcan en la Ley N.° 25.603, que permite al servicio aduanero poner a disposición del Estado mercaderías que, por su naturaleza, pueden ser de utilidad pública o social. Sin embargo, la ley es clara: "quedando terminantemente prohibida para los beneficiarios su comercialización por el término de CINCO (5) años a partir de la recepción de las mismas". Esta medida, aunque puntual, destaca la importancia de la recuperación de activos y mercaderías incautadas para fines comunitarios. Es un pequeño paso para paliar necesidades urgentes, pero ¿será suficiente para generar un impacto real y duradero?
