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El Consejo Federal Pesquero modificó drásticamente la forma de calcular el Derecho Único de Extracción y los cánones de transferencia, elevando los costos para la industria pesquera. Un ajuste que promete sacudir los precios en góndola a partir de febrero de 2025.
El sector pesquero argentino se prepara para un sacudón financiero a partir del 1° de febrero de 2025. El Consejo Federal Pesquero (CFP) acaba de publicar la Resolución 10/2024, una medida que redefine el cálculo del Derecho Único de Extracción (DUE) y los valores de las Cuotas Individuales Transferibles de Captura (CITC). En criollo, las empresas deberán pagar más por cada kilo de pescado que saquen del mar.
La principal modificación es la forma en que se calcula el arancel base. Antes, se ajustaba anualmente según la variación del valor de comercialización. Ahora, el CFP estableció porcentajes fijos sobre el valor promedio anual de comercialización del producto entero para distintas categorías de especies. Esto significa que el costo estará directamente atado a los precios de mercado, actualizándose cada 1° de enero con información del 31 de octubre del año anterior.
Los porcentajes son un verdadero mazazo para algunas especies:
Además, se sustituye la tabla de valores del artículo 20 del Régimen General de CITC, implicando un aumento también en los costos asociados a la transferencia y asignación de cuotas de pesca. Todo esto, bajo el pretexto de "adecuar y homogeneizar los criterios vigentes" y asegurar el mantenimiento del Fondo Nacional Pesquero.
Esta resolución es un claro golpe a la rentabilidad de las empresas pesqueras. Al aumentar los costos de extracción y de transferencia de cuotas, es esperable que se genere una presión al alza en los precios finales de los productos de mar. Esto podría impactar directamente en el bolsillo de los consumidores argentinos, que verán cómo el pescado y los mariscos se encarecen en las pescaderías y supermercados.
Desde el sector, ya se encienden las alarmas. Este tipo de medidas, aunque buscan recaudar más para el Estado, pueden terminar afectando la competitividad de la industria y, en última instancia, el empleo en las zonas costeras. Es una jugada audaz del gobierno que, sin dudas, generará un fuerte debate en el ámbito productivo y económico.
"El Gobierno busca mantener el Fondo Nacional Pesquero, pero el costo recaerá en la industria y, muy probablemente, en los consumidores. Una movida que genera incertidumbre en el mar de la economía nacional."
Para los ciudadanos de a pie, la recomendación es estar atentos a la evolución de los precios de productos como la merluza, el langostino y el calamar. Este ajuste no es menor y podría sentirse en la mesa familiar.
