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Dos empleadas del ex Ministerio de Trabajo ven frustradas sus aspiraciones de ascenso a Nivel A en la Administración Pública, con el Presidente Milei firmando los decretos que rechazan sus recursos jerárquicos.
En un duro golpe para la carrera administrativa dentro del Estado, el Presidente de la Nación, Javier Milei, ha firmado dos decretos (1142/2024 y 1143/2024) que rechazan de forma definitiva los recursos jerárquicos interpuestos por dos empleadas del ex Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, quienes buscaban ascender al codiciado Nivel A del Sistema Nacional de Empleo Público (SINEP).
Las protagonistas de esta historia son Viviana Patricia MANFREDI (D.N.I. Nº 20.002.562) y María Julia OLGUÍN (D.N.I. Nº 27.765.723). Ambas argumentaban que cumplían con los requisitos para la promoción, destacando sus años de experiencia y la complejidad de sus funciones. Manfredi, por ejemplo, ingresó en 1993 y desde 2014 desempeñaba tareas de alta autonomía.
Sin embargo, los Comités de Valoración intervinientes y, posteriormente, la Dirección General de Asuntos Jurídicos de la Secretaría Legal y Técnica de la Presidencia de la Nación, fueron lapidarios: las funciones que desempeñaban "no poseen el grado de complejidad suficiente" o "no resultan pertinentes" para el Nivel A. A pesar de una opinión de la Oficina Nacional de Empleo Público que sugería que "nada obstaría a que las mismas puedan ser desempeñadas en dicho Nivel... mediando un incremento en los parámetros de RESPONSABILIDAD, AUTONOMÍA Y COMPLEJIDAD -a futuro-", la interpretación final fue estricta: los requisitos deben cumplirse en el momento de la postulación.
"...se está ante un mecanismo de excepción que requiere un criterio de interpretación restrictivo..." — Esta frase de la Dirección General de Asuntos Jurídicos de la Secretaría Legal y Técnica subraya la postura de la Administración.
Para Manfredi y Olguín, con la firma presidencial, la vía administrativa queda agotada. Su única opción ahora es recurrir a la Justicia, para lo cual tienen un plazo de Ciento Ochenta (180) días hábiles judiciales. Este caso pone de manifiesto la rigidez del sistema de ascensos en el Estado y la dificultad de progresar en la carrera administrativa, incluso con décadas de experiencia, si las funciones actuales no encajan estrictamente en los parámetros del nivel superior. Es un mensaje claro sobre la aplicación de la normativa, que podría desmotivar a muchos empleados públicos con aspiraciones de crecimiento.
27 de febrero de 2026
27 de febrero de 2026
27 de febrero de 2026