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El Gobierno Nacional le cerró la puerta a Virginia Ferrer, agente civil de la Armada Argentina, al rechazar su recurso jerárquico contra una polémica recategorización. ¿Se agota la paciencia o se abre la vía judicial en este intrincado laberinto burocrático?
Un decreto presidencial ha puesto fin a una larga batalla administrativa para Virginia FERRER, una agente civil de planta permanente de la ARMADA ARGENTINA. Con la firma de MILEI y el TG Carlos Alberto Presti, se rechazó el recurso jerárquico que la empleada había interpuesto contra una resolución del MINISTERIO DE DEFENSA de 2017, que definía su reencasillamiento laboral.
Ferrer, con una antigüedad considerable en la Administración Pública Nacional, había sido reencasillada en el Agrupamiento Técnico, Nivel III, Grado 7 del Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial para el Personal Civil y Docente Civil de las Fuerzas Armadas y de Seguridad (homologado por el Decreto N° 2539/15). Su reclamo era claro: consideraba que, por su titulación de “Analista en Administración de Empresas con Especialización en Comercio”, su vasta experiencia (más de 22 años al 31 de octubre de 2016) y su antigüedad, merecía una categoría superior, habiendo revistado previamente como Supervisor, Clase II, Categoría 21.
La controversia radica en la aplicación de los artículos 132 al 141 del mencionado Convenio Colectivo, que establecen los criterios para el reencasillamiento. El gobierno argumenta que se aplicaron correctamente las normas, considerando los antecedentes y datos declarados por la agente. La OFICINA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO del MINISTERIO DE DESREGULACIÓN Y TRANSFORMACIÓN DEL ESTADO también intervino, avalando la decisión.
"Con el dictado del presente acto administrativo queda agotada la vía administrativa... quedando expedita la vía judicial, la que podrá ser interpuesta dentro de los CIENTO OCHENTA (180) días hábiles judiciales..."
Para Virginia Ferrer, esto significa que el camino administrativo se ha cerrado definitivamente. Ahora, si desea continuar su reclamo, deberá recurrir a la vía judicial, un proceso que puede ser aún más largo y costoso. Tendrá un plazo de 180 días hábiles judiciales desde la notificación para iniciar esta nueva etapa.
Para el resto de los empleados públicos, especialmente aquellos bajo el mismo Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial, esta decisión sienta un precedente sobre la rigurosidad con la que se aplican las normativas de reencasillamiento y la dificultad de revertir decisiones administrativas una vez que se agotan todas las instancias internas. Es un recordatorio de la importancia de conocer a fondo los convenios colectivos y los procedimientos de apelación.
Este caso subraya la complejidad de la burocracia estatal y la persistencia de los empleados en la defensa de sus derechos laborales. La pregunta que queda flotando es: ¿será la justicia quien finalmente le dé la razón a Ferrer, o el sistema administrativo sellará su destino laboral?
